Dos importantes juristas denunciaron que magistrados peruanos favorecen la impunidad de condenados por ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad registrados en la década de los 90 del siglo pasado, reportó Prensa Latina.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el Tribunal Constitucional dictó un fallo que puede anular la sentencia a tres exaltos jefes militares y de inteligencia y otros 16 condenados, mientras la letrada Gloria Cano acusó a un juez de apoyar a uno de ellos.

En ambos casos los beneficiarios son Vladimiro Montesinos, exasesor del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000); y los generales retirados Nicolás Hermoza, entonces jefe de las Fuerzas Armadas; y Julio Salazar, exjefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que manejaba Montesinos.

Rivera preciso que el Tribunal Constitucional dictaminó a favor de un habeas corpus de Salazar contra la sentencia en su contra, por haber sido esta dictada fuera del plazo legal.

La consecuencia de tal fallo es la anulación de la sentencia, lo que determinará el mismo efecto en los casos de Montesinos y Hermoza, advirtió el abogado, al señalar que el citado tribunal favorece a un violador de los derechos humanos,

Están abriendo una suerte de puerta falsa de escape a aquellos que en su momento fueron condenados con pruebas suficientes por delitos de lesa humanidad.

Montesinos, Hermoza y Salazar fueron condenados en octubre de 2010 a 25 años de cárcel por haber ordenado la matanza de Barrios Altos, Lima, de 15 civiles inermes por falsas sospechas de actividad terrorista, en noviembre de 1991.

También por la masacre del Santa, en la región norteña de Ancash, que segó las vidas de nueve campesinos en mayo de 1992, y del secuestro y asesinato del periodista Padro Yauri, en junio del mismo año.

La condena es evaluada a pedido de los acusados por la Sala Penal de la Corte Suprema, cuyo presidente, Javier Villa, fue acusado por la abogada Cano, representante de las familias de las víctimas, de tener una actitud condescendiente hacia los sentenciados.

Indicó que en la audiencia de ayer, Villa orientó a los acusados sobre cómo exponer su defensa. Según Cano, el magistrado ha asumido una actitud similar en otros procesos contra exmilitares por violaciones de derechos humanos.