La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador celebrará hoy una reunión para definir su respuesta a un fuerte conflicto jurídico con la Corte Suprema de Justicia.

El análisis es precedido por el ofrecimiento la víspera del presidente Mauricio Funes, de interponer sus buenos oficios para que se llegue a un entendimiento entre ambos órganos del Estado.

La Comisión consultó el martes último a 16 juristas sobre las implicaciones de la pugna entre las partes y la posibilidad de llevar el asunto a la Corte Centroamericana de Justicia, de la cual el país es estado adherente.

La controversia se agravó desde el pasado día 4, cuando la Sala de lo Constitucional declaró ilegales las elecciones de cinco magistrados hechas en 2006 y de otros tantos el 24 de abril último.

Según las sentencias, una misma legislatura no puede elegir dos tercios de los 15 jueces de la Corte, como hicieron las correspondientes a los períodos 2003-2006 y 2009 a 2012.

Las bancadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el partido Concertación Nacional (CN), asegura que los fallos con inconstitucionales e invaden prerrogativas del parlamento.

Las sentencias son apoyadas por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y un movimiento que creó en su congreso anual de febrero pasado, denominado Aliados por la Democracia.

El presidente Funes afirmó ayer esperar una rápida solución del conflicto, pues, aseguró, solución tiene y su prolongación afectará la imagen internacional de El Salvador y las inversiones extranjeras.

Explicó que una de las opciones que se evalúan para dirimir la pugna es llevar el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, una decisión que indicó deberá tomar la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, dijo que los diputados no tienen otra alternativa que cumplir las sentencias y rechazó la competencia de la Corte Centroamericana en el caso.

Otros magistrados, entre ellos Rosa María Fortín, presidenta de la Sala de lo Penal, aseguran que los fallos de la Sala son inconstitucionales.