MONTEVIDEO, 4 junio.— El Estado uruguayo reconoció hoy su
actuación ilegítima de terrorismo oficial entre el 13 de junio de
1968 y el 18 de febrero de 1985, en ceremonia pública en el Palacio
Legislativo, sede del Parlamento.
La ceremonia fue organizada por la Comisión Especial de la Ley
18.596, de conjunto con la Dirección Nacional de Derechos Humanos
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el grupo de Derechos
Humanos de la Cámara de Representantes.
Ricardo Ehrlich, titular del MEC, señaló que más allá de las
obligaciones por el cumplimiento de la ley, el acto debe
considerarse parte del esfuerzo de nuestra sociedad que a lo largo
de muchos años busca cerrar heridas en el marco de la justicia.
Las acciones de reparación deben verse como un componente de
particular significación en ese camino, para despejar el horizonte a
las nuevas generaciones dejándoles el legado de una sociedad, un
país, que ha asumido con valentía su historia y sus dolores,
subrayó.
Ehrlich explicó en el evento, trasmitido por el canal estatal TNU,
que la norma jurídica incluye tres líneas de resarcimiento:
prestaciones médicas, pago de indemnizaciones y la expedición de un
documento sobre la condición de victima y la responsabilidad
institucional.
Esta primera entrega, abundó, se enmarca en el objetivo de
reparación moral, restablecer la dignidad de las victimas y
establecer la responsabilidad del Estado.
En la mencionada etapa de la historia de este país suramericano,
tuvo lugar el gobierno de Jorge Pacheco Areco, conocido como
pachecato (1967-1972), y el régimen de facto (1973-1985).
Pacheco Areco, del Partido Colorado, fue electo vicepresidente
para el mandato de Oscar Diego Gestido, y asumió la Presidencia
Constitucional de Uruguay tras la muerte del jefe de Estado en 1967,
hasta la conclusión del mandato en marzo de 1972.
Presidió un gobierno el cual reprimió agitaciones sociales y al
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y lo sustituyó Juan
María Bordaberry, también colorado, mandatario constitucional de
1972 a 1973 y dictador entre 1973 y 1976.
A Bordaberry le siguieron regímenes militares marcados por la
prohibición de los partidos políticos, ilegalización de sindicatos y
medios de prensa, y la persecución, encarcelamiento y asesinato de
opositores, hasta la restitución de la democracia en 1985.