El gobierno peruano negó ser autoritario, a tiempo de ratificar posiciones drásticas frente a dos conflictos regionales, que persisten pese a que sus principales dirigentes han sido denunciados judicialmente y uno está preso.

El primer ministro, Óscar Valdés, y el titular de Justicia, Juan Jiménez, declararon al respecto tras afirmar el ex jefe de Gobierno gobierno, Salomón Lerner, que en la administración hay elementos autoritarios que no quieren dialogar y sostienen que ante los conflictos sociales solo cabe la represión.

Es falso que el gobierno sea autoritario, declaró Valdés a diversos medios de prensa, y añadió que el Ejecutivo aplica la ley y denuncia las acciones violentas durante las protestas sociales y el poder judicial actúa en forma autónoma.

Se refirió así la prisión de Óscar Mollohuanca, alcalde de la provincia centroandina de Espinar, en estado de emergencia por violentos disturbios con dos muertos durante una huelga, y los juicios a decenas de dirigentes de la región norandina de Cajamarca, en paro desde el pasado jueves.

Ambas protestas están dirigidas contra intereses mineros transnacionales e invocan motivaciones ambientales, pero Valdés negó que favorezca al sector empresarial y alegó que es imparcial en esa contradicción, señaló Prensa Latina.

Según el alto funcionario, el gobierno dialoga con todos los sectores para atender las demandas sociales y evitar más conflictos y lo ha hecho en los dos casos mencionados.

Sin embargo, señaló que la dirigencia de Espinar, cuya protesta plantea el control de la contaminación y otras demandas, no quiere soluciones y está involucrada en una concertación con la de Cajamarca, con objetivos políticos y electorales.

Entretanto, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, encargado de dialogar con las autoridades de Espinar, anunció que coordina los preparativos con el presidente regional (gobernador) de la región de Cusco, donde está Espinar, Jorge Acurio.

El concejo municipal de Espinar exige el fin del estado de emergencia y la libertad del alcalde Mollohuanca, sometido a prisión preventiva por cinco meses, mientras es investigado por acusaciones derivadas de su apoyo a la huelga.

Para Valdés, hay un grupo de personas que quieren desestabilizar el país, apuntan contra otras empresas porque no quieren la minería, generadora de recursos para el desarrollo regional y la lucha contra la pobreza, según dijo.

Ante dudas periodísticas, aseguró que siente que el presidente Ollanta Humala respalda plenamente al gabinete ministerial que él encabeza.