Rodeada de medidas de seguridad colosales, la vista para dictar sentencia a Hosni Mubarak acentuó este sábado la polarización entre los egipcios, inmersos en apasionadas especulaciones sobre si el expresidente debe o no ser condenado a muerte, reflejó Prensa Latina.

Los alrededores de la Academia de Policías, en las afueras de El Cairo, se llenaron desde esta madrugada de cientos de seguidores y detractores de Mubarak, separados varios metros por numerosos policías y militares para impedir que los ánimos caldeados generen violencia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, más de 20 mil agentes y soldados vigilarán la improvisada sede judicial y otros puntos capitalinos, junto con 160 tanques en plena disposición para intervenir en caso de disturbios, sea cual sea el veredicto.

Hassan, un taxista cairota, forma parte de una mayoría que repudia con fuerza al antiguo raís (presidente, en árabe) y cree justo el juicio que se le realizó desde el pasado 3 de agosto por complicidad en la muerte de manifestantes que se alzaron contra su gobierno en 2011.

Sin embargo, opinó que debido a su avanzada edad, 84 años, y a estar convaleciente por problemas cardíacos, Mubarak no debe ser condenado a muerte, la pena máxima que solicitó la Fiscalía de Egipto tras argumentar la acusación.

Tres o cuatro años de cárcel es suficiente, calculó mientras sorteaba el tráfico caótico de la capital, empeorado en las últimas semanas por escasez de combustible en algunos puntos y nuevas marchas callejeras relacionadas con las elecciones presidenciales.

Unos por compasión a un anciano y otros, como Aisha Habiba, que se manifestaba en la plaza Tahrir, porque merece sufrir el castigo por matar a nuestros hijos, prefieren a Mubarak tras las rejas el resto de su existencia, aunque creen muy probable un indulto posterior.

A la vez, aseguran que Gamal y Alaa, los hijos del exjefe de Estado también procesados junto a su padre por corrupción y enriquecimiento ilícito, deben purgar un mínimo de 10 años.

Igualmente, proponen una condena mayor a 10 años para el exministro del Interior Habib El-Adli, quien junto con Mubarak enfrentó los cargos de homicidio por ordenar la muerte de más de 840 activistas que se sublevaron en enero de 2011 y provocaron la caída del gobierno.

El juicio, que se trasmite en vivo por la televisión estatal, mereció comentarios de diversos sectores políticos, sociales y jurídicos, con un grupo de 10 abogados especulando sobre los fallos y las penas que recibirá cada acusado.