La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia denunció hoy que paramilitares asesinaron a una joven desplazada, hija de un reclamante de tierras de Curvaradó, departamento de Chocó.

Se trata de Fanny Jhoana Truaquero, de 21 años, quien fue baleada por dos paramilitares en su propia casa ubicada en el casco urbano de Riosucio, en dicha región, el pasado miércoles, según la fuente.

Perpetrado el crimen, sus autores se trasladaron al departamento de Antioquia y esa misma noche le informaron a Rafael Truaquero mediante una llamada telefónica de la muerte de su hija, denunció la Comisión Intereclesial.

La acción estaba dirigida contra Truaquero, pues tres días antes del asesinato de su hija los paramilitares llegaron hasta la comunidad del Cerrao, en la Cuenca del Curvaradó, y preguntaron por él a los vecinos, reportó Prensa Latina.

Al no localizarlo, pues se encontraba fuera de la localidad, los paramilitares optaron por retirarse, acorde con el reporte entregado por la Comisión.

Desde hace varias semanas la conmoción y el miedo se ha apoderado de cientos de personas que participan en el proceso de restitución de tierras como miembros de la comunidad de las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó.

El accionar violento y criminal de las bandas paramilitares en esa región se ha incrementado con el homicidio de varios reclamantes de tierras en los últimos meses.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, desde 2005 se han registrado más de 70 asesinatos de líderes de organizaciones reclamantes de tierras, de los cuales más del 40 por ciento fueron ultimados entre el 2010 y 2011.

En tanto, este año las amenazas y agresiones con el fin de obstaculizar la restitución de tierras se han aumentado de forma alarmante, según los informes.

Por otra parte, desde 2007 han sido asesinados más de mil 400 desplazados, al tiempo que de cada 200 notificaciones de hostigamiento o amenaza se investiga solo una, de acuerdo con denuncias.

Para diversas organizaciones sociales y de derechos humanos estos hechos demuestran la falta de garantías reales para los reclamantes de tierras en el país y pone en tela de juicio la denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Consideran que esa norma adolece de una restitución integral y medidas efectivas de protección, pues más allá de las acciones físicas, el Estado debe enfrentar y desmantelar los grupos paramilitares y judicializar a los sectores políticos y económicos que los apoyan.