MÉXICO, 31 mayo.— La práctica de la desaparición forzada de personas va en aumento en México, advirtieron organizaciones de derechos humanos al concluir hoy la semana internacional dedicada a las víctimas del flagelo.

Durante estos días se exhibieron en esta capital documentales y películas sobre la lucha en contra de la desaparición forzada y se celebraron varios foros, uno de ellos ¿Por qué es necesaria una ley contra la desaparición forzada en México?, indicó un boletín de prensa.

Mientras que ayer se efectuó una marcha que partió desde la Secretaría de Gobernación hasta el Zócalo capitalino, donde se extendió un mapa de la República Mexicana con fotografías de detenidos desaparecidos.

Lo mismo ocurrió en otras ciudades como Huejutla, Hidalgo; Benito Juárez e Ixhuatlán, en Veracruz; Lázaro Cárdenas y Morelia, en Michoacán; Oaxaca; Guerrero; y en Tuxtla Chico, Petalcingo, Chiapas de Corzo y Ocosingo, en Chiapas.

Además, se impartieron conferencias en Xalapa, Pachuca, San Luis Potosí, Tampico y Monterrey, subrayó el texto de la Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, entre otras organizaciones.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido, del 25 al 31 de mayo, intentó darle mayor visibilidad a este fenómeno en el país.

Diputados, especialistas y activistas propusieron conformar un grupo de trabajo encargado de realizar una propuesta de ley general que prevenga, investigue y sancione este delito.

La parlamentaria Florentina Rosario Morales (del Partido de la Revolución Democrática) expresó que a causa de la guerra en contra del crimen organizado, la cifra de personas desaparecidas asciende a más de cinco mil, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al intervenir en el foro Desaparición forzada de personas en México; en busca de una armonización legislativa, efectuado en el Palacio Legislativo, Morales indicó que el tema es una deuda histórica, ya que este tipo de práctica fue utilizada durante los años 70 y 80 del pasado siglo como una política de represión del Estado en contra opositores políticos.

En la actualidad el país viven un clima de inseguridad y violencia generado por los enfrentamientos entre grupos criminales y el combate a este fenómeno como parte de la estrategia del gobierno del presidente Felipe Calderón.