El Congreso de los Diputados convalidó hoy la nueva reforma financiera impulsada por el Gobierno español, que obligará a los bancos a realizar un esfuerzo adicional en provisiones inmobiliarias por unos 28 mil millones de euros, informó Prensa Latina.

Estas provisiones afectarán a los activos inmobiliarios considerados sanos, a diferencia de un primer paquete de medidas adoptado en febrero pasado, que exigió a la banca 54 mil millones de euros para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

El Ejecutivo del conservador Partido Popular (PP), que cuenta con la mayoría de escaños en la Cámara baja, logró sacar adelante su real decreto-ley de saneamiento del sector financiero con el apoyo de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (178 votos).

La norma, aprobada el pasado 11 de mayo, recibió 123 abstenciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal de la oposición, y Convergencia y Unión (CyU); y el rechazo de 28 diputados del resto de las formaciones políticas.

La administración de Rajoy accedió a que la reforma financiera se tramite en el Congreso como proyecto de ley, como pidió la oposición, lo cual permitió su ratificación con la abstensión del PSOE y CyU, que intentarán ahora introducir enmiendas al texto.

El PSOE confía en poder eliminar la obligación de que el Estado tenga que vender antes de tres años su participación en las entidades bancarias rescatadas, para que así la desinversión se haga cuando sea oportuna, según fuentes del grupo socialista.

Los socialistas también exigen que no se creen bancos malos ni se aporte dinero público para sanear los activos tóxicos, así como que se promuevan programas para reestructurar la deuda de las familias y dar una solución a las participaciones preferentes.

Las principales críticas se centraron en la falta de negociación del decreto por parte del Gobierno, así como por la inyección de más dinero público en las entidades financieras mientras se aplican recortes en las partidas presupuestarias de gasto.

Además, en los debates estuvo muy presente la demanda de depuración de responsabilidades, particularmente en el caso Bankia, cuarto banco del país, que solicitó ayudas públicas al Estado de más de 23 mil millones de euros para garantizar su solvencia.