La Policía española reprimió hoy en esta capital una movilización
de miles de trabajadores de la minería que protestan contra los
drásticos recortes de las ayudas al carbón aplicados por el gobierno
conservador de Mariano Rajoy.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes al
término de una marcha, que comenzó en las inmediaciones del estadio
Santiago Bernabéu y concluyó frente a la sede del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en pleno centro madrileño.
De acuerdo con reportes periodísticos, dos personas resultaron
detenidas y una decena sufrió contusiones, como consecuencia de los
altercados entre los participantes en la protesta y efectivos de las
fuerzas del orden.
En las cercanías del Ministerio de Industria varias personas se
enfrentaron a los antidisturbios y les arrojaron banderas y botellas
de plástico, añadieron las propias versiones.
Los arrestos se produjeron por supuesta alteración del orden
público, precisaron fuentes policiales. Sin embargo, la Unión
General de Trabajadores (UGT), uno de los dos sindicatos convocantes
de la marcha junto a Comisiones Obreras (CC.OO.), denunció que las
detenciones fueron tres y sin motivo alguno.
El secretario de Minería de la UGT en Castilla y León, José
Manuel Álvarez, explicó a la agencia estatal de noticias EFE que los
apresamientos fueron arbitrarios.
Según el sindicalista, él mismo presenció cómo la Policía detenía
y esposaba a una persona que simplemente estaba paseando.
Los sindicatos, que la víspera declararon indefinida la huelga
general de cuatro días en esa industria -prevista en principio hasta
este jueves-, lograron concentrar en Madrid a unas 10 mil personas.
La medida de fuerza fue convocada por CC.OO. y la UGT, los dos
sindicatos mayoritarios de este país europeo, destacó Prensa Latina.
Ambos ratificaron la continuidad del paro, tras dar por
fracasadas las negociaciones mantenidas el pasado martes con el
Gobierno, que se negó a reponer las ayudas al sector del carbón,
reducidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Las organizaciones sindicales detallaron que las partidas
destinadas a la producción de mineral decrecerán casi un 64 por
ciento respecto al año anterior, al pasar de 703 a 253 millones de
euros.
Alertaron que si la administración del derechista Partido Popular
no rectifica su postura, los yacimientos están abocados al cierre y
las comarcas mineras condenadas al abandono.
Para denunciar la situación por la que atraviesa esa industria,
ocho mineros permanecen encerrados desde el 21 de mayo en un pozo de
Santa Cruz del Sil, en la comunidad autónoma de Castilla y León.