La región norandina de Cajamarca comenzará hoy una huelga contra un proyecto minero, mientras en otra región peruana, bajo estado de emergencia, persiste la tensión en medio de un grave conflicto.

Diversas organizaciones sociales de Cajamarca se proponen paralizar la ciudad capital, del mismo nombre, así como las provincias de la región, para que el Gobierno descarte el proyecto minero aurífero Conga.

Dirigentes de la protesta alertaron a la población contra posibles provocadores empresariales que intenten acciones violentas para desacreditar el paro y asignaron ese carácter al hallazgo policial de tres bombas incendiarias de fabricación casera, ayer, en el aeropuerto cajamarquino.

El paro retoma movilizaciones contra el proyecto Conga de capital mayoritariamente estadounidense- motivadas por el temor de que deprede las aguas y el ambiente.

El proyecto está congelado desde noviembre pasado, aunque ahora el Gobierno le ha dado luz verde, tras hacerle nuevas exigencias sociales y ambientales a partir de un peritaje internacional sobre su impacto hídrico.

La tensión caracteriza las primeras horas del paro, después que el pasado martes una concurrida concentración promovida por sectores empresariales y oficiales respaldó el proyecto, en medio de temores por posibles enfrentamientos, advirtió Prensa Latina.

Entretanto, en la región centroandina de Cusco, la provincia de Espinar sigue bajo estado de emergencia, decretado tras las violentas protestas del lunes, reprimidas por la policía, que mató a balazos a dos civiles e hirió a decenas.

La situación osciló entre el alivio y la tensión, pues por una parte fueron liberados la mayoría de cerca de 30 detenidos, incluido el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, apresado el martes y llevado a la ciudad de Cusco, capital regional.

Al mismo tiempo, fue apresado de forma violenta el alcalde lugareño, Óscar Mollohuanca, cuando estaba por sumarse a un diálogo con otros alcaldes y el presidente regional (gobernador), Jorge Acurio.

La detención del alcalde generó fisuras oficialistas, pues fue denunciada como una provocación contra el diálogo para solucionar el conflicto, por tres parlamentarios cusqueños y Acurio, todos del partido gobernante, que culparon al primer ministro Óscar Valdés.