Miles de trabajadores rurales brasileños están concentrados hoy
en la Explanada de los Ministerios de esta capital en espera de una
respuesta de la presidenta Dilma Rousseff a sus demandas,
presentadas el 27 de abril pasado.
Organizada por la Confederación Nacional de los Trabajadores de
la Agricultura (Contag), la movilización hace parte del décimo
octavo Grito de la Tierra Brasil y busca presionar al gobierno sobre
la agenda por un Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, con 138
propuestas del sector y entregada a Rousseff.
Según la programación, después de presentar las reivindicaciones
a la mandataria brasileña, entre el 21 y 29 de este mes,
representantes de los cerca de cuatro mil sindicatos que forman la
Contag fueron recibidos en diferentes ministerios.
Durante esta jornada, Día de la Movilización Nacional, los
líderes del movimiento obrero en el campo brasileño deben ser
recibidos por Rousseff para abordar las peticiones de los
trabajadores rurales.
El primer punto del paquete de reivindicaciones del décimo octavo
Grito de la Tierra Brasil demanda una amplia y ágil reforma agraria
para fortalecer el desarrollo en el campo, refirió Prensa Latina.
La aceleración de la regulaciones de tierras y la creación de una
política nacional de enfrentamiento a los conflictos agrarios con
mecanismos de protección a los líderes amenazados son otras de las
exigencias contenidas en el documento.
También, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la
educación, la inclusión digital en el medio rural, mejores
condiciones de trabajo en el campo y políticas regionales de
desarrollo, entre muchas otras. En declaraciones a la prensa tras la
reunión con Rousseff en abril pasado, el presidente de la Contag,
Alberto Broch, señaló que conversaron sobre la posibilidad de que
sean repuestos los mil millones de reales (unos 500 millones de
dólares) retirados del presupuesto para este año del Instituto
Nacional de Colonización y Reforma Agraria.
Asimismo, prosiguió, le indicamos la necesidad de que sean
asentadas 200 mil familias que están acampadas. Al respecto, refirió
que muchas políticas públicas no pueden ser implementadas porque
muchas de las personas de la zona rural no tienen documentos y a
ello se suma la situación de violencia en el campo.