La población boliviana se volcó hoy a los hospitales para recibir atención médica, luego que el conflicto por las ocho horas de trabajo diario en el sector de salud fue superado tras 52 días de inactividad en los centros asistenciales, dio a conocer Prensa Latina.

El viceministro de Salud, Martín Maturano, señaló que al menos 800 operaciones están demoradas, la mayoría de ellas correspondientes a la seguridad social, por lo que los pacientes deben pedir una reprogramación de las mismas, resaltó la Agencia Boliviana de Información.

El Gobierno, los trabajadores de la salud y los médicos suscribieron un pacto que establece la vigencia del decreto 1232 que suspende las ocho horas de labor en hospitales públicos hasta la realización de una Cumbre Nacional por la Salud en julio, que debatirá sobre un sistema acorde a las demandas del pueblo boliviano.

Los acuerdos pusieron fin a una huelga en el sector, en reclamo de la abrogación de la jornada de ocho horas de trabajo, establecida por un anterior decreto supremo que fue suspendido por el Ejecutivo.

El pasado 28 de marzo los médicos, y un día después los trabajadores de la salud declararon un paro por tiempo indefinido, en rechazo al referido decreto, el cual elevaba de seis a ocho las horas de labor diaria en el sector, en aras de mejorar la atención a la población, según explicaron las autoridades gubernamentales.

Aunque el Gobierno ofreció trabajar conjuntamente la reglamentación de la norma para tomar en cuenta las particularidades del trabajo médico, la iniciativa fue rechazada por una parte de los galenos, sobre todo en las ciudades más importantes.

Entretanto, la población sufrió la falta de atención médica, pues solo funcionaban las unidades de emergencia.

El Ejecutivo, en defensa de la salud de los bolivianos, planteó nuevas alternativas a los movilizados, quienes contaron con el respaldo de los estudiantes de medicina que salieron en protestas, que, en muchas ocasiones, llegaron a la violencia y a ataques contra los agentes del orden.

Finalmente, el gabinete aprobó el Decreto Supremo 1232, que estableció la suspensión del precepto cuestionado y convocó a la Cumbre Nacional de Salud con la intención de analizar la atención médica en Bolivia.