La
periodista Marta Arroyo se preguntaba hace unos días en el sitio El
Mundo.es: "¿Se imagina que a jóvenes españoles a los que la crisis
ha obligado a emigrar a a otros países, en busca de una oportunidad
laboral, los detuvieran al llegar, los encerraran durante semanas,
los maltrataran y los deportaran a la fuerza?".
Para miles de inmigrantes, ese es el destino el final de su viaje
hacia una vida mejor en Europa. Una estancia de entre 40 y 18 meses
en uno de los 280 centros de internamiento de extranjeros que hay en
la Unión Europea, nueve de ellos en España. Carecer de permiso de
residencia o tener una orden de expulsión no ejecutada convierten a
cualquier extranjero en "carne de CIE". Cada año, 600 000 personas,
incluidos niños, pasan por estas "cárceles para personas en
situación irregular", que comenzaron a funcionar en 1980.
El informe Fronteras asesinas, sobre los CIE europeos, de la Red
de Migraciones Europea Migreurop, es un descarnado relato de
testimonios sobre los abusos —muchas veces impunes— perpetrados
contra los internos. Desde Austria a Grecia, pasando por Francia o
Reino Unido, los miembros de Migreurop han visitado numerosos
centros de acogida. Independientemente del nivel de desarrollo del
país, en todos ellos hay denominadores comunes: vulneración de los
derechos humanos y falta de transparencia.