SANTIAGO de Chile, 17 mayo.— El gobierno chileno rechazó hoy la
solicitud de asilo político que le hiciera el exjuez argentino
Otilio Romano, acusado de encubrir 103 casos de violaciones de
derechos humanos durante la dictadura militar en su país
(1976-1983).
Con tal determinación, el exmagistrado pierde la visa que le
permitía permanecer en Chile y queda sujeto a la decisión de la
Corte Suprema que deberá pronunciarse sobre el pedido de extradición
hecho por Argentina.
Prófugo de la justicia de su país, Romano huyó a Chile en agosto
pasado, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de
permanencia por ocho meses.
En febrero de este año la justicia chilena ordenó su detención,
luego que llegó el pedido de extradición de Buenos Aires.
Desde su ingreso en territorio chileno, organizaciones defensoras
de los derechos humanos en esta capital exigieron a la
administración de Sebastián Piñera la expulsión de Romano.
Alegaron su pasado como represor y su expediente criminal en el
que se le imputa haber cerrado la causa de un detenido desaparecido
para quedarse con su hija.