Especialistas de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos vinculan hoy el aumento de las violaciones de los derechos humanos en Centroamérica y Suramérica a las acciones de agentes del Departamento Antidrogas estadounidense (DEA) en la zona.

La organización, promotora de los derechos humanos en la región, está preocupada porque agentes de la DEA intervienen frecuentemente junto con policías y militares en operaciones antidrogas a lo largo y ancho de esta área geográfica.

Hemos visto en los últimos años que cada vez que los militares interactúan con la población, los incidentes de violaciones de derechos humanos se incrementan, expresó el investigador asociado a la institución con sede en Washington, George Withers.

Estamos preocupados de que Estados Unidos esté fomentando el uso del ejército para el trabajo policial, afirmó, citado por el diario hondureño La Tribuna.

Estas declaraciones concuerdan con las denuncias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), autoridades locales y otros movimientos sociales en Honduras, acerca de operaciones conjuntas al este de este país que motivaron la muerte de cuatro personas el viernes último.

Entre los fallecidos el 11 de mayo estaban dos embarazadas, que con otros cuatro heridos, fueron impactados por disparos de ametralladoras desde un helicóptero tripulado por policías hondureños y elementos de la DEA, señaló Prensa Latina.

La masacre perpetrada en el río Patuca, cuando un pipante o canoa se aproximaba a la comunidad miskita de Ahuas, proveniente de Barra Patuca, es un indicador de la violencia a la que es sometido el pueblo miskito de Honduras, afirmó la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). Los atacantes desde las naves de la DEA acabaron con la vida de Emerson Martínez, Chalo Brock Wood, Candelaria Tratt Nelson y Juana Banegas, ambas embarazadas.

Como consecuencia de los disparos, además, siguen hospitalizados en la ciudad de la Ceiba, Melanio Eulopio, Hilda Lezama de Eulopio, Wilmer López y Lucio Adán.

Respetando los derechos humanos hubo un intercambio de disparos en la escena, señaló el director de la Policía Nacional, el comisionado general Ricardo Ramírez, cuyas palabras fueron desmentidas por los testigos.

Estos aseguraron que recibieron un baño de fuego de forma indiscriminada con ametralladoras y granadas, algo frecuente desde que se iniciaron los choques entre narcotraficantes y supuestos agentes de seguridad del Estado sin considerar los impactos sobre el pueblo miskito en el territorio.