La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó este miércoles
que la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad persigue
conocer lo que realmente aconteció, y carece de odio, revanchismo o
deseo de reescribir la historia.
"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la
verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y
parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo
y siempre cada día", aseveró Rousseff emocionada hasta las lágrimas,
en la instalación de la Comisión de la Verdad, reporta Prensa
Latina.
La Presidenta, quien es una de las miles de personas que fueron
arrestadas y torturadas por la dictadura militar (1964-1985),
aseguró que al darle posesión a los siete integrantes de ese grupo
"no nos mueve el revanchismo, o el odio, o el deseo de reescribir la
historia de una forma diferente a como aconteció".
Nos mueve, subrayó, la necesidad imperiosa de conocer la verdad
en su plenitud, sin ocultamiento.
Rousseff dió posesión al exministro de Justicia José Carlos Dias,
el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la
abogada Rosa María Cardoso, el ex procurador general Claudio
Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista
María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.
A la ceremonia, efectuada en el Palacio de Planalto, asistieron
todos los expresidentes brasileños vivos posteriores al régimen
militar: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y
Luiz Inácio Lula da Silva.
Sobre los miembros de la Comisión, la mandataria aseveró que su
selección no estuvo motivada por criterios personales o por
evaluaciones subjetivas. "Escogí un grupo plural de ciudadanos de
reconocida competencia, sensatos y ponderados", dijo.
Ellos, agregó, son capaces de entender la dimensión del trabajo
que van a ejecutar con toda libertad, sin cualquier interferencia
del gobierno, mas con todo el apoyo en lo que necesiten.
A nombre de los que tomaron posesión, el exministro de justicia
Dias resaltó el paso relevante que significa para la consolidación
de la sociedad democrática brasileña, virando la página dolorosa de
nuestra historia en que los derechos públicos fueron suprimidos.
Exaltó que la Presidenta "marca su gobierno con el coraje de
asumir un definitivo compromiso con la verdad de ese capítulo
sombrío de nuestra historia".
Los siete integrantes de la Comisión de la Verdad investigarán
las violaciones de los derechos humanos en este país entre 1946 y
1988, aunque sin la posibilidad de llevar a los autores a la
justicia.
Tendrán dos años para elaborar su informe a partir de
declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos
crímenes en el período mencionado, que incluye la dictadura militar.
Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los
nombres de los criminales y sus actos.
La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la
vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el
régimen militar, la cual impide el procesamiento judicial de los
autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos
cometidos en esos 21 años.