Los preparativos de Venezuela para abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente acusado de subordinarse a Estados Unidos, disparó la polémica dentro y fuera del país suramericano.

De este lado del mundo, numerosos políticos, investigadores e intelectuales, apoyaron el reciente anuncio del presidente Hugo Chávez sobre la posibilidad de que la nación se apartara de ese órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos, reporta Prensa Latina.

Mientras crecen los respaldos a una medida calificada de soberana, la oposición interna considera que la retirada de esa instancia deja desprotegidos a los venezolanos, una clara negación de la actitud dudosa de ese ente hacia el territorio suramericano.

Incluso, desde el mismísimo Estados Unidos, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, se abrogó el derecho de criticar esa decisión, con el pretexto de que el gobierno intenta silenciar a los defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, esa Comisión no se pronunció en 1989 contra la masacre del llamado Caracazo, que dejó cientos de muertos y heridos bajo la administración del exmandatario Carlos Andrés Pérez (1989-1994), recordó en días recientes el representante de este país ante la CIDH, Germán Saltrón.

Siete años después de ocurridos esos hechos, la institución introdujo la demanda en la Corte Interamericana de Derechos humanos, y el 19 de noviembre de 1999 el presidente Chávez reconoció la responsabilidad del Estado, aunque los sucesos no ocurrieron bajo su mandato.

Tuvo que transcurrir una década para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hiciera justicia, denunció Saltrón en un artículo publicado en el sitio digital Aporrea.

Según fuentes oficiales, antes de la llegada del actual mandatario al Palacio de Miraflores en 1999, la Comisión apenas aceptó cinco casos en contra del Estado venezolano y en los últimos 10 años, en cambio, ha admitido 36.

¿Cómo los burócratas de esa organización lograrán un cambio dentro de ella?, cuestionó el escritor Luis Britto, tras recalcar que esa misma institución fue incapaz de emitir una medida a favor de Chávez cuando fue secuestrado durante el golpe de Estado de abril de 2002.

El también Doctor en Derecho denunció que esa actitud parcializada de la CIDH hacia Venezuela obedece a la influencia que ejerce el país norteño en el pago y sueldo de sus magistrados.

A juicio de Britto, integrante del recién constituido Consejo de Estado para, entre otros asuntos, asesorar al presidente en esa materia, Venezuela ganaría soberanía con la salida de esa instancia.

Subrayó que la Carta Magna y los tribunales de esta nación garantizan la protección de los derechos de las personas, por lo cual no se necesita del accionar de ese ente.

Más allá de la salida de Venezuela, otras voces apuestan igualmente por la instalación de un organismo genuinamente regional y que supla las funciones para muchos, evidentemente parcializadas- de la CIDH.

El jueves último, en una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas realizada en la ciudad de Cartagena, Colombia, el canciller Nicolás Maduro afirmó que ese bloque regional o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben constituir su propia instancia en ese ámbito.

Ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

En su opinión, el organismo internacional se convirtió lamentablemente en una mafia de intereses que actúa desde Washington y está en función de la política internacional y no de los derechos humanos.

A esa propuesta se unió la fiscal general de la República, Luisa Ortega, quien instó a crear un consejo latinoamericano en esa materia que reemplace a la CIDH.

La jurista criticó que Estados Unidos no forme parte de la Comisión, aun cuando la sede de este organismo se ubica en Washington, y que para formular una denuncia sea necesario viajar a esa ciudad norteña.

El presidente de esta nación suramericana solicitó el 30 de abril último acelerar la instalación del Consejo de Estado, y dijo que la primera tarea a cumplir por esa instancia sería sustentar la retirada de Venezuela de la CIDH.

¡Ya basta! ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa espada de Damocles? El primer país que desconoce esa comisión interamericana es Estados Unidos y es un mecanismo que usa contra nosotros, denunció el mandatario.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado día 9, un acuerdo que respalda la salida del país de la CIDH.