VENTURA DE JESÚS

Cárdenas es uno de los municipios más prósperos del país. Contar en su entorno con el balneario de Varadero refuerza ese atractivo. Y no es el único atributo. Hay garantías de empleo y altos ingresos. Por eso resulta perfectamente comprensible que sea un territorio seductor a los ojos de quienes procuran emigrar.

La falta de acción de las autoridades posibilitó que comenzaran a surgir asentamientos ilegales.

Cada año el municipio recibe además la avalancha de unos 4 000 forasteros, que a poco tiempo de su llegada buscan dónde asentarse a como dé lugar. Pareciera que la tendencia a ensancharse es un destino irreparable para esta región que ya supera los 138 mil habitantes, situación agudizada por una población flotante que excede las 20 mil personas.

El movimiento constructivo es asombroso, y por lo general pasa por encima de los convencionalismos y peor, de lo establecido. El fenómeno escandaliza de tal modo que hay quienes se exasperan con la idea de que no hay cómo parar ese desorden.

Hoy existen 26 asentamientos poblacionales que han proliferado de manera ilegal en la casi totalidad de sus 13 Consejos Populares, desde los años 90 hasta fechas más recientes. Dicho desparpajo urbanístico puso en evidencia la incapacidad de las autoridades gubernamentales para atajar los barrios ilegales, violaciones de las regulaciones urbanísticas y otras anomalías.

Ineficiente accionar de los Grupos de Enfrentamiento

Ela Claro Valle, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, menciona entre las principales causas de esos fenómenos el alto número de constructores y trabajadores en general procedentes de otros municipios y provincias del país que laboran sobre todo en la actividad petrolera y el turismo, y que residen en calidad de albergados o alquilados por años.

Construcciones ilegales de este tipo proliferaron a la vista de todos.

Recalca que no existe un mecanismo legal para que una vez extinguido el contrato laboral esos trabajadores regresen a su lugar de origen.

Confirma la impresión sobre el ineficiente accionar del Grupo de Enfrentamiento y el poco cumplimiento de sus misiones por parte de los organismos que lo integran. Por añadidura, dice, los inspectores tanto de la Vivienda como de Planificación Física son insuficientes, y los que hay resultan ineficaces.

"Este asunto lo hemos venido enfrentando, básicamente desde el primer semestre del 2011, pero a decir verdad no hemos sido lo suficientemente fuertes para ponerle coto."

Solo así se explica, por ejemplo, la existencia de un asentamiento ilegal de 48 viviendas ubicado en la Vía Rápida de Santa Marta hasta Cárdenas, que proliferó a la vista de todos en un lugar reservado para instalaciones de apoyo al turismo.

¿Qué falló en este caso tan connotado?, preguntamos a Eduardo Pérez, vicepresidente que atiende el Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades e Indisciplinas sociales.

"Aquí fallamos todos. Esas viviendas no se hicieron en un solo día, fueron surgiendo gradualmente. De manera que los grupos de enfrentamientos no las detectaron a tiempo, y por consiguiente no se actuó con prontitud".

Cecilio Ramón Artigas, quien fuera chofer de la UNECA y quien desde hace varios años reside en aquel lugar de forma ilegal, admite que nadie lo llamó a desistir de su propósito de construir allí.

"Yo soy muy franco. Sabía que levantar una casa aquí no era legal pero nadie hizo fuerza para que abandonara mi objetivo. Así sucedió con la mayoría de las personas. Creo que el error fue dejarnos terminar. Ahora exigen que nos vayamos, yo por mi parte estoy dispuesto a levantar mi ranchito en cualquier lugar donde haya agua y corriente."

A partir del criterio tantas veces enunciado por el General de Ejército Raúl Castro de que no se trata de prohibir las construcciones, sino de hacerlas de forma ordenada, Eduardo Pérez explica las acciones básicas del municipio para encarar esa situación.

"El esfuerzo está dirigido en lo fundamental a detener las ilegalidades y evitar la proliferación de construcciones no autorizadas. El objetivo principal es impedir la impunidad. En ese sentido se tienen en cuenta acciones que incluyen la demolición en los casos que procedía, como en los asentamientos en las proximidades del aeropuerto viejo de Varadero y a la entrada del cementerio local, así como con otras viviendas", expresó.

"En cuanto a los casos que competen al barrio conocido como Copextel, se demolieron 20 casas, y en lo que resta de mes daremos solución a las restantes. Estamos en un proceso de análisis y respuesta de cada una de las arbitrariedades como parte de la estrategia de trabajo conjunto con Planificación Física, rectora de la actividad y llamada a tener mayor protagonismo, en aras de un ordenamiento urbanístico coherente y sustentable en un territorio con un fondo habitacional de más de 43 mil viviendas, la inmensa mayoría catalogada como buena.

"Está decidida el área donde se podrá tramitar la posible legalización de algunos casos e incorporar en los planes las construcciones que procedan", concluyó.

Para Fernando Díaz, director de Planificación Física en el municipio, se trata de asumir justamente las funciones estatales que le competen a su entidad y poner orden en materia de urbanismo.

Aunque no es la clave principal para buscar efectividad, mencionó que el pasado año se impusieron por inspectores de la Vivienda y de Planificación Física alrededor de 3 000 multas por un monto superior al millón 500 mil pesos. "Hay a quienes se les ha multado con más de 11 mil pesos y la pagan como si nada", admitió luego de reconocer que Cárdenas es el municipio de la provincia con mayores penalizaciones por violaciones de carácter urbanístico. "Eso dice a las claras que hay enfrentamiento pero aún es insuficiente", dijo.

Ela Claro, la presidenta de Gobierno, comprende la importancia de poner las cosas en su puesto, y está consciente de que para restablecer el orden es preciso más exigencia y control.