NACIONES UNIDAS.— Naciones Unidas y los gobiernos recibieron hoy un enérgico reclamo a favor del reforzamiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como vía para enfrentar la violencia contra las mujeres de esas comunidades.

El pedido fue hecho por la nicaragüense Mirna Cunningham, expresidenta del Foro Permanente de la ONU para los Asuntos Indígenas, que sesiona desde el lunes pasado en la sede de la organización mundial.

Las agresiones contra las aborígenes son un problema multifacético que sobrepasa los derechos humanos individuales y parte de la falta de reconocimiento de los derechos colectivos, afirmó la nativa miskita en conferencia de prensa.

Si estos últimos no son respetados, entonces aumentan las vulnerabilidades de las mujeres indígenas, aseguró.

La experta explicó que ese grupo demográfico es víctima de violencia proveniente de diferentes fuentes, entre ellas el hogar y la comunidad, las instituciones estatales y la estructura de la sociedad.

En el primer caso, la agresión obedece al papel tradicional que se le ha impuesto a las féminas y a otras prácticas que están lejos de los parámetros internacionales de derechos humanos, explicó.

Con respecto al plano institucional, Cunningham señaló la legislación vigente y la aplicación de políticas públicas y programas sin dimensión multicultural.

Entre los aspectos estructurales de la cuestión, la miskita nicaragüense identificó a la militarización, la contaminación ecológica y el impacto de la industria extractiva como causas que incrementan la violencia contra las mujeres indígenas.

Precisó que frente a esa situación, el foro permanente elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a las organizaciones indígenas, los gobiernos y las agencias de la ONU.

Dos de ellas son trabajar por el reforzamiento de los sistemas de autogobierno de las comunidades indígenas para enfrentar el problema y armonizar la administración de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Y la más importante, favorecer una mayor participación de las mujeres originarias en la elaboración de políticas, leyes y estrategias, concluyó, informó PL.