QUITO.— Unas 10 mil personas con diferente grado de discapacidad física e intelectual fueron insertadas en un empleo, tanto en entidades públicas como privadas de Ecuador, lo cual sitúa al país como un referente en América Latina.

Lo anterior se sustenta con la disposición del Código del Trabajo que establece contratar con discapacitados al menos el cuatro por ciento del total de empleados de una empresa, y sanciona con multas mensuales equivalente a 10 remuneraciones básicas unificadas a quien la incumpla.

Esa penalidad mensual a las empresas se mantendrá hasta que cumplan con esta obligación legal, lo cual estimula la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de personas con discapacidad.

Inspectores de trabajo verifican que las empresas cumplan con esta disposición del Código de Trabajo, cuyo resultado fue uno de los puntos destacados por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al intervenir ante una concentración de trabajadores por el 1 de mayo.

Aun cuando los 10 mil discapacitados no constituyen aún una alta cifra en relación con los más de 294 mil casos detectados y estudiados por la Misión Solidaria "Manuela Espejo", sin dudas constituyen un importante paso para la inclusión económica y social de estas personas.

A propuesta del Ejecutivo el 24 de junio de 2011 la Asamblea Nacional se encuentra hoy en proceso de socialización, luego de pasar el primer debate y previo al segundo, del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Defensa de las personas con Discapacidad.

Conforman este proyecto 134 artículos, cuyo objetivo es garantizar la aplicación de políticas públicas y sociales para prevenir las discapacidades y asegurar plena vigencia, promoción y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución para estas personas.

La normativa establece el sistema de coordinación interinstitucional para la transversalización de políticas públicas sobre discapacidades; promueve e impulsa un sistema de prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de casos.

Al mismo tiempo, declara como directamente aplicables por funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte, los derechos de las personas con discapacidad, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y tratados e instrumentos internacionales.