La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera
YPF a la española Repsol responde al interés de Argentina de
recuperar la soberanía energética, expresó este miércoles Juliana
Marino, embajadora de ese país.
Según manifestó la diplomática a Prensa Latina, dentro de la
política llevada a cabo por la administración de Carlos Menem
durante la década del 90, caracterizada por la extranjerización y
privatización de la economía, las medidas más cuestionadas fueron
las relacionadas con los recursos energéticos.
La decisión del ex gobernante, en 1992, de poner parte de las
acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en manos de la
empresa española Repsol, y luego, en 1999, autorizar la venta de la
Acción de Oro del gobierno, limitó la participación del Estado en el
manejo de los combustibles.
El 16 de abril la presidenta argentina, Cristina Fernández,
anunció un proyecto de ley para declarar de interés público el
autoabastecimiento de hidrocarburos y expropiar las acciones de la
petrolera YPF.
La iniciativa, cuyo debate se realiza hoy en el Senado de ese
país, establece que el 51 por ciento de las acciones de la empresa
pertenecerá al Estado, mientras el 49 por ciento restante se
distribuirá entre las provincias productoras de petróleo.
Entre las razones para la propuesta, la dignataria expuso que
entre 2001 y 2011 las reservas de hidrocarburos del país se
redujeron en 50 por ciento, mientras la baja producción obligó a que
el pasado año Argentina se convirtiera, por primera vez, en
importador neto de gas y petróleo.
Por eso, expresó la jefa de la misión diplomática de Argentina en
Cuba, en el imaginario, los ideales y el esquema de recuperación
nacional de la actual administración se incluía de forma permanente
el deseo de recobrar el poder de gestión sobre el sector energético.
De acuerdo con Marino, Argentina tomará las medidas que se
correspondan con su proyecto político, lo que significa recuperar la
capacidad de desarrollo, de justicia y de inclusión social.
A la vez, esas decisiones deben garantizar la participación
soberana en la integración con el conjunto de países de América
Latina, de forma tal que podamos relacionarnos con el mundo en
igualdad de condiciones, consideró.