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Argentina comienza el proceso de nacionalización de la petrolera YPFEl gobierno de Argentina envió al Congreso nacional un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01 por ciento de las acciones de la empresa, actualmente en manos de la española Repsol y en menor medida al Grupo Petersen, de la familia Eskenazy. Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen -todas las que tienen los Eskenazy- y 96.558.000 título de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del estado argentino. El proyecto establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas. En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”. También señala que “el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”. El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”. Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, principal agente de los intereses de la multinacional petrolera en el gobierno metropolitano español, amenazó este jueves con que cualquier “gesto de hostilidad” contra empresas de su país será interpretado como un gesto “hacia España” y “trae consigo consecuencias”, en clara referencia al gobierno argentino. (Cubadebate) |
