Madrid, 11 de abril.— Ante el creciente malestar ciudadano que provocan sus recortes sociales, el gobierno conservador español anunció hoy una reforma del Código Penal para endurecer las sanciones "contra los actos de vandalismo callejero".

El ministro del Interior, Jorge Fernández, atribuyó la dureza de los futuros cambios a la necesidad de luchar contra lo que calificó de una espiral de violencia protagonizada por colectivos antisistema que, según su criterio, "ejercen técnicas de guerrilla urbana".

Fernández anticipó en el Congreso de los Diputados que se considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria de actos que alteren "gravemente el orden público" a través de cualquier medio de comunicación, incluido Internet.

Sin embargo, no solo los violentos son el objetivo de la controvertida reforma del Código Penal impulsada por el ejecutivo del derechista Partido Popular (PP), precisó este miércoles el diario Público.

Entre sus propuestas, figura incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa, enfatizó.

A juicio del periódico, esta medida es una clara referencia a las protestas estudiantiles de febrero pasado en Valencia, reprimidas de manera desmesurada por las fuerzas policiales antidisturbios.

Con esta legislación, alertó la publicación, podrían ser condenados por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones del Movimiento 15-M o de los indignados.

La administración conservadora de Mariano Rajoy sabe que las medidas de ajuste y su impugnada reforma laboral, destinada a abaratar y facilitar el despido de los trabajadores, seguirán causando que las calles se llenen de gente protestando, señaló Público.

Trascendió, además, que dentro de las iniciativas promovidas por el PP se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones.