AIDA CALVIAC MORA

Después de su independencia de Portugal, la paz alcanzada el 4 de abril del 2002 constituye una de las mayores conquistas para Angola: ese día emprendió un complejo pero definitivo camino hacia la reconciliación y la unidad nacional.

Al poco tiempo de concluir la lucha de liberación en 1975, el país africano se vio inmerso en un cruento conflicto armado que dejó un panorama humanitario desolador: un millón de muertos, cuatro millones de desplazados, mutilados, huérfanos¼ Además, miles de minas quedaron sepultadas por todo el territorio y la infraestructura más elemental dejó de existir.

Con la firma del memorando de entendimiento complementario al protocolo de Lusaka —que había sido suscrito en Zambia durante las conversaciones de paz de 1994—, entre el Gobierno y el grupo opositor armado UNITA, se ponía fin a un largo periodo de guerra que devastó materialmente el país y psicológicamente a su pueblo.

En el Palacio de los Congresos de Luanda, el presidente José Eduardo dos Santos y representantes de la comunidad nacional e internacional, decretaron el alto al fuego, y con él, un viraje histórico para el desarrollo de la nación.

Desde entonces, Angola implementa políticas públicas dirigidas a la reconstrucción física del país y a la edificación de la nueva sociedad, inclusiva por antonomasia.

El propio presidente Dos Santos ha definido en sus discursos como objetivos fundamentales, la erradicación del hambre, la pobreza, el analfabetismo, la injusticia social, la intolerancia y los prejuicios raciales, regionales o tribales. Es decir, crear las condiciones que dignifiquen a los ciudadanos, sin que ninguno de ellos se sienta excluido del crecimiento nacional.

En ese sentido son notorios los esfuerzos del Gobierno para garantizar la construcción y rehabilitación de infraestructuras de impacto social, como escuelas, hospitales, carreteras, puentes, ferrocarriles o aeropuertos, así como por mejorar y aumentar los servicios básicos a una población que ya supera los 17 millones de habitantes.

Una de las estrategias del Ejecutivo es promover iniciativas para el desarrollo y organización de las comunidades, con un papel cada vez más protagónico para las autoridades locales.

La municipalización de los servicios de salud, con el aumento de centros hospitalarios, dispuestos incluso en las zonas más distantes, ha contribuido a mejorar la asistencia médica a la población y a reducir la mortalidad, fundamentalmente de los niños. La tasa de mortalidad infantil y materna disminuyó de 1 400 por cada 100 mil nacimientos en el 2001 a 660 por 100 mil en el 2010.

Para atenuar las inequidades de las áreas rurales respecto a las urbanas, existen programas municipales integrados, que incluyen el autoabastecimiento de alimentos mediante la producción agrícola, la disponibilidad de una vivienda digna y de agua potable para reducir la incidencia de enfermedades como la malaria o la fiebre tifoidea.

En ese último empeño ha sido fundamental el impulso del programa Agua para Todos, mediante el cual el Gobierno está comprometido a suministrar agua potable al 100 % de los habitantes de las zonas urbanas y a un 80 % de la población rural para el 2020.

En el sector de la educación también han sido visibles los logros de estos diez años de paz. Durante ese periodo el porcentaje de niños escolarizados aumentó exponencialmente, llegando al 76 %. A su vez, se registró la expansión considerable de la enseñanza superior, que en la actualidad cuenta con cerca de 150 mil estudiantes, cuando en el 2002 eran 15 mil.

En contraste con aquellos años en que la red escolar se concentraba en el litoral del país, hoy se encuentra virtualmente generalizada en las 18 provincias, aunque el ritmo de crecimiento difiere en cada territorio.

"Hoy tenemos instituciones de enseñanza media-técnica distribuidas en todo el territorio nacional, lo que permite que cada provincia pueda formar cuadros en determinada área y de asegurar una cierta retención de cuadros que contribuyen para el desarrollo local", según declaraciones del ministro de Educación, Mpinda Simão, a la agencia Angop.

Toda esta inversión social se sustenta en un elevado Producto Interno Bruto, que, de acuerdo con estadísticas oficiales, entre el 2002 y el 2010 alcanzó una tasa media de crecimiento del 12,1 %, pese a la aguda crisis económica financiera internacional.

Este índice se debe en gran medida a que el país es hoy el segundo mayor productor de petróleo en África, y numerosas empresas extranjeras compiten entre sí para obtener del Gobierno contratos de exploración, siempre administrados por la estatal Sonangol. El sector petrolífero solo en el 2011 aportó ingresos por más de 33 mil 780 millones de dólares, a los que se suman otros 887 millones de dólares por comercialización de derivados de combustible. No obstante, el Ejecutivo se ha trazado la meta de disminuir la dependencia del crudo en el futuro, creando alternativas como el relanzamiento de la agricultura y otras fuentes de ingresos como el turismo.