Más de 175 líderes comunitarios y reclamantes de
tierras se encuentran desprotegidos en Colombia, según denunció hoy
el representante a la Cámara Guillermo Rivera.
El parlamentario calificó de grave que sólo 60 de
los 235 líderes de restitución de tierras y de organizaciones de
víctimas en el país cuenten con esquemas de seguridad, a pesar de
las amenazas y asesinatos de quienes encabezan estos procesos.
Para Rivera los nueve mil funcionarios que si
cuentan con esos esquemas deberían destinar al menos uno de sus
escoltas a la protección de estas personas.
Por ello invitó a todos los servidores que tienen
esquemas de protección de la Policía Nacional o de la Agencia
Nacional de Protección del Estado a que renuncien a uno de sus
escoltas.
De esa manera, agregó, se podrían diseñar nuevos
esquemas de seguridad para la protección de líderes comunitarios y
reclamantes de tierras, que carecen de la protección adecuada por
insuficiencia de personal.
Por otra parte, Rivera llamó al fiscal general de la
nación, Eduardo Montealegre, agilizar las investigaciones por el
crimen de al menos 17 líderes de organizaciones de víctimas y
restitución de tierras en varias regiones del país.
No sólo son responsables quienes disparan sus armas
contra estas personas, sino quienes están detrás de los sicarios con
intereses oscuros y criminales, acotó.
El incidente más reciente se registró la pasada
semana, cuando un reclamante de tierras y su hijo fueron asesinados
por paramilitares en el departamento colombiano de Chocó.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz, los hechos se presentaron cuando Manuel Ruiz, de 56 años, y
su hijo Samir De Jesús, de 15 años, fueron tomados como rehenes por
paramilitares y posteriormente ultimados.
Ruiz era miembro del Comité de Censo del Consejo
Comunitario de Apartadocito, en dicho departamento, donde lideraba
un grupo de reclamantes de tierras, usurpadas por la violencia.
También se conoció que el activista fue amenazado
por sus gestiones comunitarias, ante lo cual las autoridades no
prestaron la debida atención.
La Comisión Intereclesial expresó su profunda
indignación por este hecho del cual responsabilizó al gobierno
nacional y exigió medidas más efectivas para proteger a los líderes
comunitarios amenazados, informó PL.