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Desprotegidos más de 175 líderes comunitarios en Colombia

Más de 175 líderes comunitarios y reclamantes de tierras se encuentran desprotegidos en Colombia, según denunció hoy el representante a la Cámara Guillermo Rivera.

El parlamentario calificó de grave que sólo 60 de los 235 líderes de restitución de tierras y de organizaciones de víctimas en el país cuenten con esquemas de seguridad, a pesar de las amenazas y asesinatos de quienes encabezan estos procesos.

Para Rivera los nueve mil funcionarios que si cuentan con esos esquemas deberían destinar al menos uno de sus escoltas a la protección de estas personas.

Por ello invitó a todos los servidores que tienen esquemas de protección de la Policía Nacional o de la Agencia Nacional de Protección del Estado a que renuncien a uno de sus escoltas.

De esa manera, agregó, se podrían diseñar nuevos esquemas de seguridad para la protección de líderes comunitarios y reclamantes de tierras, que carecen de la protección adecuada por insuficiencia de personal.

Por otra parte, Rivera llamó al fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, agilizar las investigaciones por el crimen de al menos 17 líderes de organizaciones de víctimas y restitución de tierras en varias regiones del país.

No sólo son responsables quienes disparan sus armas contra estas personas, sino quienes están detrás de los sicarios con intereses oscuros y criminales, acotó.

El incidente más reciente se registró la pasada semana, cuando un reclamante de tierras y su hijo fueron asesinados por paramilitares en el departamento colombiano de Chocó.

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los hechos se presentaron cuando Manuel Ruiz, de 56 años, y su hijo Samir De Jesús, de 15 años, fueron tomados como rehenes por paramilitares y posteriormente ultimados.

Ruiz era miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, en dicho departamento, donde lideraba un grupo de reclamantes de tierras, usurpadas por la violencia.

También se conoció que el activista fue amenazado por sus gestiones comunitarias, ante lo cual las autoridades no prestaron la debida atención.

La Comisión Intereclesial expresó su profunda indignación por este hecho del cual responsabilizó al gobierno nacional y exigió medidas más efectivas para proteger a los líderes comunitarios amenazados, informó PL.

 

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