Directivos del sector privado opinaron que no basta con destituir a funcionarios gubernamentales hondureños excedidos en la ejecución del presupuesto y reclamaron una rendición de cuenta transparente y severas medidas a los infractores.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, exigió una rendición de cuentas abierta y detalló que no basta con la inhabilitación, sino aplicar medidas más contundentes.

En ese sentido se pronunció también el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra, quien consideró que se deben aplicar de inmediato medidas severas en vez de anunciar sustituciones.

La reacción empresarial criticó recientes relevos en el Gabinete y se interpretó como una respuesta a declaraciones del presidente Porfirio Lobo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional el cobro de un impuesto.La CSJ determinó que el Gobierno comenzó a cobrar una reforma al Impuesto sobre la Renta antes del fallo judicial y por eso deberá reducir del Presupuesto mil 650 millones de lempiras (unos 86 millones 591 mil dólares) y reintegrarlo al empresariado.

Ese monto corresponde al pago de una tasa del uno por ciento de las ganancias de las empresas que reportan pérdidas por más de 10 años y sin embargo obtienen millonarias ganancias, respondió indignado el mandatario en San Pedro Sula.

Añadió que si bien acatará el fallo y reducirá el gasto, también buscará otros mecanismos para controlar la evasión fiscal y de esa manera mejorar los ingresos del Estado y advirtió a los empresarios que les revisará hasta los calcetines.

Precisó que las instituciones del Estado que reciban fondos del presupuesto, entre ellas la propia CSJ, deberán regresar el tres por ciento de lo asignado para hacer el retorno de los fondos provenientes por el pago de la tasa de seguridad.

Dijo Lobo que trabaja con un equipo especial para mejorar los mecanismos para detectar la evasión y defraudación fiscal y ejercer mayor control sobre las obligaciones económicas de la empresa privada.