El
canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, calificó hoy en Washington a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ente
inquisidor y exigió cambiar la sede a un país que reconozca la
Convención firmada en Costa Rica en 1969.
Al intervenir ante el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Patiño criticó duramente
el papel de la CIDH en el juicio por injurias calumniosas contra el
diario El Universo y las numerosas violaciones cometidas a las
normas internacionales.
Un caso que afectó los intereses de un emporio
mediático, pesó más y ha tenido más atención en esta Comisión que
otras situaciones en las que se encuentran en peligro el derecho a
la vida, a la alimentación y otros derechos fundamentales.
Han intentado, afirmó, vender una imagen totalmente
tergiversada de Ecuador, que ha servido para dimensionar la
envergadura de ese terrible poder fáctico, los medios de
comunicación, y para cuestionar la vigencia de los órganos del
Sistema Interamericano.
Precisamente, fustigó, apelamos a estos principios
para condenar, -y oponernos- a la manipulación de los órganos de
derechos humanos de Naciones Unidas con fines económicos y
geopolíticos, y a su utilización como mecanismos para legitimar
intervenciones militares.
Ya el mundo no es el mismo de 1948 cuando se decidió
la creación del Sistema Interamericano, recalcó en transmisión
directa recibida por Internet en Ecuador.
Los foros políticos para el diálogo, la integración
y la toma de decisiones, dijo, han tomado un rostro
latinoamericanista tal como lo soñaron nuestros próceres y nos
obligan a repensar la OEA, que por la fuerte influencia
estadounidense transita por una crisis de legitimidad.
Lo prueba el poder de veto para excluir a un país
(Cuba) de un foro que, si bien no es parte formal de esta
Organización, ha sido institucionalizado como un mecanismo paralelo,
bajo el nombre de Cumbre de las Américas, reiteró Patiño.
La agenda priorizada de la OEA se ha centrado en los
asuntos de seguridad y gobernabilidad, por la visión y los intereses
de Estados Unidos.
Creemos, subrayó, que el manejo de la CIDH debe
recaer, exclusivamente, en aquellos Estados que se han comprometido
con las obligaciones que emanan de la Convención, y los nacionales
cuyos países no son adherentes no deberían poder ser elegidos, ni
como jueces ni como comisionados, informó PL.