MADRID. — Los dos principales sindicatos de España advirtieron este jueves sobre una escalada del conflicto social, si el gobierno conservador de Mariano Rajoy persevera en su dinámica suicida de recortes sociales y laborales.

En una multitudinaria manifestación en Madrid, como colofón de una huelga general que paralizó prácticamente todo el país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) emplazaron a Rajoy a rectificar su impugnada reforma laboral.

Hoy no es la estación final de nada, el tren no ha llegado a la última parada, avisó el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ante decenas de miles de personas que se congregaron esta noche en la emblemática Puerta del Sol.

Fernández Toxo precisó que el paro de este jueves, primero que soporta la administración del derechista Partido Popular (PP) desde su llegada al poder en diciembre pasado, puede convertirse en el inicio de una lucha ascendente para cambiar el estado de cosas.

Dirigiéndose al presidente del Ejecutivo y líder del PP, el dirigente sindical afirmó que éste tiene en sus manos evitar un recrudecimiento, y la prolongación en el tiempo, de la tensión social como consecuencia de sus impopulares medidas de ajuste.

Su gobierno será muy legítimo, pero el crédito hay que ganárselo todos los días y con esta reforma del mercado de trabajo ha perdido gran parte de esa reputación, enfatizó el secretario general de CC.OO., tras calificar de rotundo el respaldo de los trabajadores a la huelga.

Sobre el impacto de la medida de fuerza, calificado de moderado por el Palacio de la Moncloa (sede del poder central), destacó que más de 10 millones 400 mil personas secundaron la protesta pacífica contra una normativa que abarata y facilita el despido.

Subrayó, además, que millones de españoles salieron a las calles de más de un centenar de urbes de esta nación europea para defender el modelo social que tanto esfuerzo ha costado construir.

El máximo responsable de la central obrera acusó a la derecha de intentar arruinar de un plumazo tres décadas de diálogo social, al aprobar por decreto los cambios en las relaciones laborales.

Tanto Fernández Toxo como su homólogo de la UGT, Cándido Méndez, pidieron a Rajoy que convoque a los sindicatos para realizar una modificación sustancial de la norma, a la cual tildaron como la más lesiva y desequilibrada de la historia de la democracia española.

Ambos coincidieron en que la iniciativa del PP no está pensada para crear puestos de trabajo, sino para provocar una sangría mayor de destrucción de empleos, en un país con más de cinco millones de desocupados, la tasa más alta de la Unión Europea.

En esa línea recordaron que el propio jefe del Ejecutivo ibérico reconoció que este año se sumaran al ejército de desempleados otras 630 mil personas.

Como alternativas a la severa política de recortes del gasto público sugirieron al gobierno la subida de impuestos a las grandes empresas y fortunas del país, así como a las actividades de los bancos para que financien parte del desastre que ellos mismos generaron.

CC.OO. y la UGT cifraron la adhesión a la huelga, una vez descontados los servicios mínimos pactados con el Ministerio de Fomento, en el 77 por ciento a nivel nacional.

El seguimiento fue masivo en la industria pesada y en las fábricas de automóviles.