CARACAS. — El gobierno de Venezuela lleva a cabo hoy una incesante labor para lograr controlar y restringir el indebido uso de armas de fuego, y de ese modo disminuir los índices de mortalidad por hechos violentos en esta nación.

Durante un encuentro con periodistas, Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, presentó en los resultados preliminares casi definitivos, del proceso de Consulta Nacional Por una Convivencia sin Armas.

En esta investigación, realizada en 18 estados del país, fueron encuestados hasta la fecha 11 mil 811 personas de 20 sectores sociales, con el objetivo de promover la participación de la población y desarrollar espacios de intercambio para la formulación de la política pública relacionada con el control de armas, municiones y desarme.

Confirmó que el proceso de consulta concluye el venidero 1 de abril en Barinas, Trujillo, Nueva Esparta, Cojedes y Portuguesa, completando de esta forma todo el mapa nacional.

Fernández detalló que luego de las pesquisas realizadas, el estudio arrojó que la mayoría de las víctimas y los victimarios por violencia asociada a las armas de fuego son hombres jóvenes menores de 28 años. En ese sentido dijo que los muertos los están poniendo mayormente los jóvenes y los pobres.

Asimismo expuso que, según las experiencias registradas, el robo es la principal motivación para el uso de armas de fuego aunque es en la resolución de conflictos y ajuste de cuentas donde se concentra el mayor nivel de letalidad de la violencia armada, convirtiéndose en la principal causa de homicidios.

Indicó que el 90,2 por ciento de la población consultada estuvo a favor de la suspensión temporal de porte de armas y el 83,7 por ciento dijo estar de acuerdo con la restricción del porte de armas en espacios públicos y privados de reunión colectiva.

La generación de oportunidades de trabajo estables y dignas, especialmente para los jóvenes; el fortalecimiento de los sistemas de control en espacios públicos y de frontera y el mejoramiento de los sistemas de selección y formación de los funcionarios judiciales figuran ente las propuestas emitidas por los consultados para contrarrestar las causas que alimentan la violencia con armas

in embargo, Fernández enfatizó en la necesidad del fortalecimiento de la participación del poder popular en el sistema de administración de justicia, al considerar que existe un gran déficit en esa esfera.

Preguntado por Prensa Latina, sobre la labor de prevención y los demás entes estatales involucrados en esta lucha contra la criminalidad, dijo que el sistema educativo juega un papel indelegable.

Explicó que apostar por una transformación real del sistema judicial es buena parte de la solución si se logra a la par de las funciones que está ejecutando el Ministerio de Educación para ampliar el nivel cultural y fomentar la necesidad de la paz ciudadana y la coexistencia pacífica desde edades tempranas.

Aclaró, que pese a la violencia imperante en el país, la población venezolana no se ha dejado permear por las políticas punitivas aplicadas en otras naciones y en su mayoría, solicitan más soluciones preventivas que mano dura.

Como algo novedoso, Fernández anunció que se está llevando a consulta con expertos y ciudadanos, la posibilidad de aplicar Amnistía para propiciar la entrega voluntaria de armas, basados en la experiencia positiva de vivida por Brasil.