GABRIEL RAMOS

Hasta hace poco más de un mes, era escasamente conocido que en Cartagena de Indias, Colombia, se celebraría en abril una reunión cumbre con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio americano. Si bien es un evento programado desde hace tiempo, que lleva meses en preparación, la noticia no se destapa hasta que en la XI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se denuncia la ilegítima exclusión de Cuba.

Si se revisa lo que se escribe y se dice sobre el encuentro de Cartagena, prácticamente no hay y no ha habido otra noticia que no sea la de la exclusión de Cuba. ¿Es que ese evento no cumple otro cometido?

Desde que surgieron estos encuentros frecuentes en 1994, por iniciativa del entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, han tenido la invariable característica de excluir a Cuba y de servir como foro donde las autoridades en Washington visitan socialmente al resto de los mandatarios de Latinoamérica y el Caribe, junto a Canadá. Fuera de esos dos atributos, dichas cumbres tienen pocos resultados que mostrar.

En la cita de Québec de abril del 2001, con la sola excepción del presidente Hugo Chávez, los mandatarios asistentes comprometieron a sus naciones con la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto de subordinación neocolonial que se estrelló estrepitosamente en Mar del Plata solo cuatro años después.

América Latina y el Caribe ha avanzado mucho desde entonces y se ha orientado deliberadamente hacia un proyecto de integración y concertación propio, sin exclusiones de tipo alguno. Como fruto de importantes cambios políticos y de una representación más legítima de los intereses de sus pueblos, la región afianza su independencia y apuesta a la recién fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Cabe preguntarse entonces qué va a ofrecer Washington en Cartagena de Indias, qué ha cumplido de su renovado compromiso con la región anunciado en Puerto España hace ya tres años, para qué sirven estos encuentros eventuales cuya única lección es que los territorios al norte del Río Bravo viven realidades y comparten prioridades crecientemente distantes de las de los pueblos que habitamos al sur de esa frontera.

El mensaje de Puerto España en el 2009 fue claro y el propio presidente de los Estados Unidos lo reconoció: la política de Washington contra Cuba debe cambiar si los Estados Unidos aspiran a una relación de normalidad con esta rica, vasta y pujante región. El bloqueo económico es rechazado y la intención de apartar a Cuba del hemisferio es una pretensión ilegítima.

Cuba no ha solicitado que se le permita asistir, ni le corresponde hacerlo. Ha dicho que, si se le invita en igualdad de condiciones con el resto de los países, se hará presente, y participaría con la seriedad, el espíritu constructivo y la solidaridad que caracteriza su política exterior; que expondría claramente sus posiciones y aportaría a las decisiones que emanen. No lo haría porque tenga gran confianza en el impacto del evento, sino por ayudar al esfuerzo latinoamericano y caribeño de promover sus prioridades en todas las oportunidades, incluyendo frente a los Estados Unidos.

La actitud estadounidense ha generado una situación incómoda. Su terca inhabilidad de compartir con Cuba en un escenario regional, lo lleva a hacer uso del veto y contrariar la voluntad de todo el resto de la región, donde Cuba goza de legitimidad y prestigio. Al hacerlo, descalifica expresamente la reunión. Trae reminiscencias de la época en que desde Washington se dictaba lo que acontecía en muchas de nuestras repúblicas.

Es cierto que tener a la Organización de Estados Americanos (OEA) como soporte institucional de estas cumbres contribuye a esas reminiscencias y a la consecuente incomodidad. Las llamadas Cumbres de las Américas no son una instancia de la OEA; es un mero vínculo burocrático, según dictan los expertos en el tema. De modo que no hay relación entre el rechazo cubano a esa institución desprestigiada del pasado y el reclamo latinoamericano y caribeño de que Cuba sí esté presente en Cartagena de Indias.

Sin embargo, el lastre de la OEA, más el veto efectivo de los Estados Unidos en cuanto a la participación de Cuba, denotan un ambiente anacrónico difícil de ocultar. Tras la clara advertencia del ALBA, el pasado 2 de febrero, se ha hecho imposible mantener cómodamente escondido un evento que tendía a la intrascendencia.

Hay preguntas que convendría responder:

¿En qué quedaron las promesas de cambio hacia la región que formuló el presidente de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, hace ya tres años?

¿Podrá la Cumbre de las Américas expresar un firme compromiso con la justicia social y la solidaridad, con el respeto a la igualdad soberana entre los estados y el principio de no intervención?

¿Respaldará la plena soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas?

¿Defenderá el derecho de los pueblos originarios al mascado de la hoja de coca?

¿Repudiará el maltrato a los trabajadores migrantes?

¿Se comprometerá con el desarme general y completo?

¿Estará en capacidad de condenar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como a los gobiernos que dan amparo a sus perpetradores?

¿Podrá, junto a las naciones latinoamericanas y caribeñas, rechazar los golpes de Estado y el uso de recursos financieros y mediáticos para socavar y desestabilizar a gobiernos comprometidos con la justicia social y los reclamos de sus pueblos?

¿Condenará el uso o la amenaza del uso de medidas económicas para castigar a gobiernos soberanos?