Bolivia denunció que en la Amazonia rige una "política imperial ambiental" implementada por organizaciones no gubernamentales (ONG) para beneficiar a empresas transnacionales bajo la supuesta protección de la naturaleza.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, apuntó que en los últimos 15 años en esa región se estableció una política de "Iniciativa para la conservación", promovida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en consonancia con ONG y algunas autoridades municipales y prefecturales, reporta Prensa Latina.

Afirmó que Usaid instaló una estructura de organizaciones no gubernamentales para dominar políticamente a los pueblos indígenas, comunidades y organizaciones sociales.

"Hoy impera una política ambiental de corte imperial, que hace que las ONG sean los eslabones de la economía de las grandes empresas transnacionales", aseveró.

Reveló que ONG medioambientalistas son financiadas por grandes empresas como British Petroleum y American Energy, dedicadas a explorar y producir petróleo y gas.

"Resulta que las grandes empresas transnacionales que depredan el medioambiente, terminan financiando a las ONG para que conserven nuestros bosques", ironizó.

Esas ONG, que obedecen a sus patronos trasnacionales, en nombre del ambientalismo imperial pretenden preservar en Bolivia y el resto de América Latina enclaves naturales para una ulterior explotación de los recursos, resaltó.

Eso es erosión de la soberanía del Estado, acotó Quintana.

El 90 por ciento de esas organizaciones recibe dinero de Usaid, agencia de un país cuya política respecto al medio ambiente lo clasifica como el mayor emisor de gases tóxicos y el mayor productor de armas de destrucción masiva del mundo, afirmó.

"Algunas ONG desarrollan una estructura de protección de ciertos territorios para un saqueo posterior", alertó.

"Hay que desenmascarar la supuesta filosofía filantrópica de esas entidades", subrayó el titular.

Quintana consideró que no hay coherencia entre preservación y la destrucción ambiental, por lo que urgió un debate profundo sobre el papel de las ONG en Bolivia.

Señaló el funcionario que el conflicto por la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es el ejemplo más claro respecto a este intervencionismo sobre el escenario político, en nombre de la supuesta defensa de los derechos humanos y la protección de esa región amazónica.

En octubre de 2011, una marcha de protesta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia arribó a La Paz y logró la promulgación de la denominada Ley 180 del Tipnis, que declaró intangible esa reserva natural y prohibió construir carreteras a través de ella.