La comunidad musulmana de Sri Lanka se sumó a las protestas contra una moción de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos que acusa al gobierno de la isla de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil, informó Prensa Latina.

Medios de prensa locales refirieron que en las mezquitas de todo el país los musulmanes el ocho por ciento de la población esrilanquesa dedicaron sus oraciones del viernes a la paz y el progreso nacional, y repudiaron el proyecto de resolución estadounidense en aquel órgano de la ONU.

El jueves, miles de islamistas entregaron en las embajadas occidentales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otras naciones occidentales, un memorando en que pedían a los respectivos gobiernos no interferir en los asuntos internos del país.

La Hermandad Musulmán de Sri Lanka y otros varios grupos musulmanes, además, pidieron a los países árabes y africanos votar contra la moción norteamericana, que se debatirá la próxima semana en la sede del CDH en Ginebra, Suiza.

En los últimos días, decenas de miles de representantes de organizaciones políticas, religiosas y sociales han expresando su apoyo al gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa ante la campaña de Estados Unidos y sus aliados.

El jueves, cientos de monjes budistas entregaron a la embajadora estadounidense en la isla, Patricia Butenis, una carta en que pedían a Washington abstenerse de presentar la resolución, un acto que dijeron, los llenaría de vergüenza.

Aseguraron, además, que Sri Lanka finalmente disfruta de paz tras la derrota de los separatistas Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y recalcaron que una condena al gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa iría contra los intereses nacionales.

Estados Unidos propondrá abrir una investigación internacional sobre supuestos abusos contra la población civil durante los enfrentamientos al LTTE, y la inmediata aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas (CRLA).

A fines del año pasado, esa entidad concluyó que el Ejército no mató civiles deliberadamente en la etapa final de la guerra, aunque recomendó investigar algunos abusos aislados.