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Gobierno peruano enfrenta mafias de minería ilegal

LIMA, 14 marzo.— La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú aseguró hoy que el Gobierno enfrenta a las organizaciones mafiosas, que financian la minería ilegal en 21 regiones.

El presidente de la institución, Pedro Martínez, afirmó que esa actividad causa daños irreversibles al medio ambiente y la salud de la población, por lo que quienes se oponen a la erradicación de esas prácticas no son mineros de subsistencia.

Ante la situación que vive el país con la minería ilícita convocó a los implicados a retomar el diálogo con las autoridades nacionales y no incurrir en actos de violencia y desacato a las leyes.

Subrayó que los verdaderos promotores de esa actividad son mafias bien organizadas que explotan a hombres, mujeres y niños, a quienes mantienen en condiciones de semiesclavitud, reportó la agencia Andina.

Martínez destacó que la minería ilegal mueve más de dos mil millones de dólares al año y que no paga ningún tipo de impuestos, en detrimento del erario publico.

Apuntó que los recientes decretos expedidos por el Gobierno pretenden romper la cadena existente entre este negocio y otras actividades ilícitas tales como el lavado de activos y el narcotráfico.

La estrategia es neutralizar y cortar las fuentes de abastecimiento de insumos, como el mercurio, cianuro y los combustibles, identificar y sancionar a los acopiadores y compradores de la producción indebida, así como a los financistas, significó.

Destacó el anunció de que en breve la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria iniciará la fiscalización de los insumos químicos destinados a la minería ilegal, a la que se tiene que combatir con firmeza y con todo el peso de la ley.

"Hoy no podemos ceder ningún centímetro en la lucha contra la extracción ilegal de minerales porque peligra la biodiversidad y la salud de los peruanos", agregó.

Martínez también resaltó la formalización de los mineros ilegales que operan en distintas zonas del país, como el mejor camino y no el bloqueo de carreteras y el ataque a locales públicos y privados, como lo ocurrido en zona amazónica de Madre de Dios. (PL)

 

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