MANUEL E. YEPE

Se conoce, porque las encuestas reiteradamente así lo indican, que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses desearía tener relaciones de amistad con Cuba, no obstante el veneno que hace más de medio siglo les han estado inyectando los medios masivos de información.

La gigantesca maquinaria desinformativa contra Cuba hace que pocos ciudadanos estadounidenses estén informados de que cada año casi la totalidad de los gobiernos del mundo votan en la ONU por una resolución de condena al bloqueo.

Son muchos los que en Estados Unidos se preguntan la razón del bloqueo económico y comercial impuesto al país vecino y para qué sirve a la superpotencia la prohibición de viajar a Cuba que pesa sobre los ciudadanos estadounidenses.

Es lamentable que no todos los que así piensan fundamenten sus criterios en que esas políticas violan elementales normas de convivencia humana y principios básicos del derecho internacional. Por efecto de la propaganda hostil a Cuba son muchos los que solo ven el asunto desde el punto de vista de lo que conviene a los intereses de Estados Unidos, o a partir de consideraciones humanitarias.

John Layfield, un empresario que transmite su propio programa radial de comentarios en Internet, escribió el 9 de marzo último en la cadena Fox Business que "nuestra política cubana es la perfecta definición de una locura: hacer algo por más de 50 años consecutivos —día por día, semana tras semana, año tras año, década tras década— esperando siempre obtener un resultado distinto... ¿Qué tiene Cuba que se nos hace imposible tomar decisiones decentes y siempre tomamos decisiones equivocadas por motivos políticos?".

Es incuestionable que la gigantesca maquinaria desinformativa contra la independencia de Cuba es responsable de que millones de estadounidenses sigan creyendo que es la Isla la que sufre una exclusión a nivel global (que ya Washington no puede imponer), sin advertir que es ahora la política anticubana de Estados Unidos la que padece un profundo y creciente aislamiento.

Es raro encontrar un ciudadano estadounidense, incluso entre los que logran obtener las licencias que otorga su gobierno para viajar a Cuba, que esté informado de que cada año casi la totalidad de los más de 190 gobiernos del mundo, con la sola excepción de Washington y Tel-Aviv, votan en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución de condena al bloqueo impuesto a Cuba.

Tanto el bloqueo económico y comercial, como la prohibición de viajar a la Isla vecina han tenido, a lo largo del medio siglo de su imposición, atenuantes temporales fijadas de acuerdo con la correlación de fuerzas en torno a los presidentes de turno. Pero siempre manteniendo inalterable el meollo de ambas políticas, que parecen dictadas por un supergobierno que nadie ha elegido pero es el que más manda.

Así, desde el 2001, por efecto de una fuerte campaña del lobby agrícola en el Congreso, apoyada por organizaciones humanitarias que destacaban la crueldad de negar medicinas y alimentos a la población cubana, el gobierno de Estados Unidos ha permitido que, previa engorrosa tramitación burocrática para cada operación, se vendan a la Isla productos agrícolas en condiciones que no son propias de una relación comercial normal. Cuba no puede exportar a EE.UU. y debe pagar sus compras sin crédito, por adelantado y en efectivo, por lo que no se trata de una relación de intercambio comercial verdadero o normal. Cuba es la única nación del mundo a donde les está prohibido, por su propio gobierno, viajar a los estadounidenses. Pueden hacerlo incluso a países con los que la superpotencia ha tenido o tiene graves conflictos como Vietnam, China, Corea Democrática, Irán o Myanmar, siempre que obtengan visas de esos estados.

Pero, quizás porque tal prohibición es violatoria de una libertad que garantiza la Constitución, todos los presidentes que han tenido que lidiar con esta restricción han sido propensos a dictar algunas excepciones que han dado cierta flexibilidad a la medida. En no pocas circunstancias lo han hecho argumentando la idea de que los contactos entre ciudadanos de los dos países tributarán al propósito de socavar el sistema político que han escogido los cubanos, al acercarlos a través de los visitantes a las bondades del capitalismo para debilitar en ellos el aprecio por sus logros socialistas.

Naturalmente que, si este fuera verdaderamente el criterio del gobierno de Estados Unidos, lo más lógico sería que levantara la prohibición de los viajes de sus ciudadanos a Cuba para que del libre cotejo de ideas entre los ciudadanos de ambos países y la confrontación de sus respectivos sistemas económicos derivara lo que es mejor para todos.