Lázaro Barredo Medina

El pasado viernes se publicó en nuestro diario la carta enviada por la compañera Dulce María Ruiz Bignotte, directora de la Empresa de Revisión Técnica Automotor (centros popularmente conocidos como somatón) ante exigencia de la misma por su desacuerdo con dos trabajos periodísticos publicados sobre aspectos que conciernen a la empresa que ella dirige, misiva que ha puesto sobre el tapete dos temas que no podemos ignorar.

Asumo ante la opinión pública con absoluta responsabilidad y a nombre de nuestro colectivo, que no tiene fundamento objetivo alguno el cuestionamiento que, de una manera irreverente, realizara la referida directora sobre las periodistas Yudy Castro Morales y Maylin Guerrero Ocaña a partir de los reportajes publicados indistintamente en Granma los días 14 de febrero y 2 de marzo, titulados Retorcidas cadenas de ilegalidades y Desaprobar ya las ilegalidades en el somatón.

Sobre el primer tema, los hechos hablan por sí solos:

EL ACCIDENTE DE CAMAGüEY

Lo único realmente censurable de lo dicho por la directora acerca del reportaje de Yudy Castro, es la mención al lamentable error en la fecha (2012 por 2011) de la revisión técnica del remolque accidentado, y no del camión como refiere la directivo, falta que en su esencia misma, no cambia ni un ápice el sentido de los hechos.

Como se publicó, el mencionado remolque se inscribió con la documentación original de otro perteneciente a la Empresa de Transporte Automotor del extinto Ministerio del Azúcar, el cual fue dado de baja desde el 2006. Por consiguiente, cualquier certificado de revisión técnica, emitido con posterioridad, encubre un fraude.

Además, como consta en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y una Comisión del Ministerio de Transporte, el remolque involucrado en los hechos es uno GKB de fabricación soviética y, en contraste, su matrícula y licencia de circulación corresponden a un remolque de fabricación nacional, marca Taíno. Emitir un certificado de revisión técnica a un medio, a pesar de que no existe coincidencia entre sus características técnicas y las consignadas en los documentos, constituye una negligencia, independientemente de la fecha en que se emita.

En cuanto al cuestionamiento sobre el día en que fue revisado el ómnibus implicado en el accidente, vale citar textualmente las declaraciones emitidas a Granma por el antiguo director de la entidad capitalina, Juan Blanco Caballero: "los sábados los dedicamos fundamentalmente a los ómnibus urbanos, como hay un nivel de paralización considerable, y los días entre semana es difícil pararlos, pero el fin de semana afloja un poco el servicio, pues ellos el sábado vienen".

En nuestro criterio, para la dirección de la empresa no debiera ser el día lo que constituya el aspecto central del análisis. Su preocupación principal debiera ser que el ómnibus haya sido aprobado, a pesar de que, tal como certificaron la Comisión del MITRANS y el peritaje técnico mecánico del laboratorio de criminalística, no estaba apto para circular, debido al significativo desgaste del sistema de dirección, unido a las adaptaciones realizadas que lo convertían de antemano en un peligro potencial en la vía.

No podemos aceptar como infundados los cuestionamientos sobre la responsabilidad de los centros de revisión técnica en torno a las violaciones reflejadas. ¿O acaso la dirección de la empresa desconoce, por ejemplo, que el compañero que realizó la inspección del remolque, quien ocupaba el cargo de Especialista B en Inspección Automotriz de Vehículos en el Centro de Revisión Técnica de Sancti Spíritus, se encuentra acusado en el proceso investigativo con medida cautelar de prisión preventiva?

Sí lo sabe. Granma conoció de los resultados del control que se hizo en enero a los centros de Sancti Spíritus y Cienfuegos, y las anomalías detectadas y del documento discutido a principios de marzo firmado por la directora general, después de publicados los dos reportajes, reconociendo las graves violaciones que pueden favorecer actividades ilegales.

UN AÑO PARA HACER UN REPORTAJE

Según demanda la directora Ruiz Bignotte, las periodistas debieron esclarecerse bien para comprender una temática tan especializada.

En marzo del 2011, tras la reunión del Consejo de Ministros donde fueron aprobadas las medidas de compra y venta de vehículos automotores entre privados, adicionalmente a las licencias del trabajo por cuenta propia, la dirección de Granma encomendó a la periodista Maylin Guerrero Ocaña que incursionara en un reportaje de investigación sobre las supuestas irregularidades y manifestaciones de corrupción que se vienen sucediendo en el citado somatón, al decir de decenas de cartas y llamadas de lectores a nuestra sección Cartas a la Dirección, máxime por el peligro que entraña para la vida de las personas y en la pérdidas a nuestra economía, si realmente se encuentran en circulación vehículos sin las condiciones técnicas establecidas.

En junio del 2011, la periodista acudió al centro de revisión técnica en la capital, entrevistándose con su entonces director, Juan Blanco Caballero y posteriormente con la ingeniera Ruiz Bignotte. Paralelamente entrevistó a varias de las personas que han escrito a nuestra redacción sobre un tema tan asiduo, como las denuncias descritas con anterioridad, pero el reportaje entregado adolecía de elementos valorativos y se le orientó profundizar con las organizaciones políticas y sindicales del somatón sobre las opiniones dadas por los entrevistados.

Varios ciudadanos en sus cartas al periódico coinciden en una apreciación: Basta pararse unos minutos en cualquier arteria de la capital para ver cuántos autos poseen el sello de esa inspección y están medio desarmados y hasta utilizan kerosene mezclado con gasolina, como combustible y, lo peor, que trasiegan con pasajeros.

A finales de noviembre, ante un requerimiento por la dilación de este reportaje, la periodista vuelve a concertar otro encuentro y el 16 de diciembre del 2011, asiste al centro de revisión técnica, donde analiza esas opiniones con varios trabajadores, representantes de las organizaciones, la actual directora de la unidad y la propia directora general, ingeniera Dulce María Ruiz Bignotte.

De nuevo, ante la encrucijada de que su reportaje no refleja la realidad objetiva, a la periodista Maylin se le orientó contactar con el área de Inspección Estatal de la Dirección Provincial de Transporte, que ejerce la contrapartida del trabajo realizado en el somatón y podía brindar información de irregularidades detectadas, pero por trabas burocráticas nunca fue atendida ni pudo conversar sobre este tema con los funcionarios correspondientes. Cada vez que trató de comunicarse, el director siempre estaba reunido o no se encontraba y su secretaria muy gentilmente apuntaba que él tenía conocimiento del asunto y que contactaría a la periodista, cosa que nunca hizo.

Luego en la Dirección Provincial de Transporte le expresaron que debía pedir autorización al gobierno provincial, y una vez allí, le indicaron que tenía que hablar con un miembro del Buró del Partido en la provincia.

Detectadas las irregularidades del accidente en Camagüey el pasado 11 de enero, se le orientó por la dirección del diario que citara los ejemplos amargos a que conduce el fenómeno de las irregularidades en la revisión técnica. Casi un año después, el 2 de marzo pasado, se publicó finalmente su reportaje.

Ese día, Maylin Guerrero recibió una llamada de la directora general Ruiz Bignotte, quien expresó inconformidad con el trabajo publicado 17 días atrás por Yudy Castro. Asimismo cuestionó a la propia periodista Maylin Guerrero por no haberle enviado su reportaje para revisarlo antes de que se publicara, además de señalarle que ella esperó que la publicación hubiese sido un trabajo más instructivo.

EQUIVOCACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LA PRENSA

El segundo tema de interés es lo referido por la directora sobre el papel de la prensa.

Le agradezco la posibilidad de esclarecer públicamente algunas confusiones que tienen no pocos funcionarios administrativos sobre nuestro rol. Como bien plantea la directora "la prensa cubana ha sido llamada por la Dirección del país a jugar un papel más activo en la vida económica de nuestra sociedad, a través de un periodismo investigativo, ético, valiente, profesional y consecuente con las políticas del Partido y la Revolución".

Coincidimos con ello, pero eso quiere decir publicar reportajes, artículos y comentarios, como demandó el compañero Raúl en la Coletilla que publicó en Granma con el análisis de las deficiencias en la ejecución del acueducto de Santiago de Cuba: "ser transparentes, críticos y autocríticos, porque es la manera en que podremos extraer la única utilidad que tiene el análisis sincero de los errores: sacar las experiencias; de lo contrario, seguiremos ocultándolos y repitiéndolos una y otra vez, como ha estado sucediendo".

Hablemos con franqueza, hay una tendencia en esos funcionarios a intentar "administrar a la prensa", "revisar", se han creado algunos supuestos aparatos comunicacionales para ello, incluso existen circulares de varios organismos para tratar de controlar el acceso de los periodistas a sus centros, lo que a la larga obstaculiza el trabajo objetivo de la prensa y contraviene la política del Partido.

Nuestro colectivo de dirección está persuadido de que muchas veces tales procedimientos lo que persiguen es evitar los análisis críticos sobre los desaguisados que conducen a incumplimientos y violaciones de la Política Económica y Social que aprobó el Sexto Congreso del Partido en sus Lineamientos.

La Primera Conferencia Nacional del Partido en sus Objetivos de Trabajo fijó principios para suprimir vacíos informativos y las manifestaciones de secretismos, a la vez que exigir de la prensa y las fuentes de información el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, a fin de asegurar el desarrollo de un periodismo más noticioso, objetivo y de investigación.

De igual manera, la Resolución que el Buró Político del Partido aprobó en el 2007, es clara y precisa sobre la responsabilidad de los funcionarios en ese sentido, al igual que la de los directores de los órganos de prensa.

Dicen las orientaciones del Buró Político: