Unas tres mil familias ecuatorianas, integradas por 15 mil personas, han recibido hasta hoy la atención de las autoridades del país durante la actual temporada invernal, caracterizada por intensas lluvias e inundaciones.

De ese total, la mitad permanece evacuada en albergues y el resto en casas de familiares, los que reciben apoyo alimentario y de otra índole en igualdad de condiciones, precisó María del Pilar Cornejo, titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), reporta Prensa Latina.

Cornejo anunció este lunes que se realiza un censo para determinar con exactitud el número de ciudadanos damnificados por las inclemencias del clima.

En estos momentos permanecen bajo el Estado de Excepción las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja en previsión de más lluvias durante las próximas semanas, lo cual hace más vulnerable a la población de estos territorios afectados por las riadas y deslaves.

Esta medida regirá durante 60 días y permitirá destinar recursos para atender las áreas de salud, educación, vialidad, vivienda y agrícola, reforzando así las acciones que ya ejecutan varias carteras de Estado en esas provincias.

El gobierno ecuatoriano activó 73 albergues de emergencia en la provincia de Manabí para acoger los evacuados por la fuerte temporada invernal que azota las regiones del litoral costero y donde ya se refugian unas 190 familias compuestas por mil 220 personas.

Se anunció que de ser necesario se los ubicará en hostales, ya que existe la decisión de ayudar a la población damnificada por los estragos del invierno, a la cuales se entrega raciones alimenticias y módulos de aseo personal.

Las personas acogidas a este régimen de protección gubernamental recibirán también un bono de emergencia por 90 dólares como parte del Estado de Excepción decretado en estos territorios.

Cornejo señaló que las medidas emergentes contemplan no sólo la liberación de recursos monetarios, sino el reforzamiento de la reparación de las obras públicas dañadas, la movilización de maquinarias a las provincias afectadas y de personal médico y paramédico.

Precisó que el Estado posee suficientes reservas arroceras que impedirán un impacto en la economía familiar por las pérdidas de las cosechas de ese grano.