CLAUDIA FONSECA SOSA

Ningún país del mundo tiene más experiencia que Japón en hacer frente a los terremotos. Sus edificios han aguantado cientos de movimientos telúricos a lo largo de la historia, pero el incidente del 11 de marzo del 2011 superó todas las previsiones. Después de un sismo de magnitud 9,0 en la escala de Richter y varias réplicas, un tsunami impactó la costa norte del país arrasando todo lo que tenía a su paso.

En poco tiempo los japoneses lograron remozar 300 kilómetros de la autopista Tokohu, que conecta a Tokio con las zonas dañadas.

Estos fenómenos provocaron la muerte a 20 448 personas y la evacuación de 300 mil, así como la destrucción de 720 mil viviendas, 45 diques, 78 puentes y 3 918 carreteras, entre otros perjuicios materiales.

Y fue precisamente una ola de 14 metros de altura la que desencadenó el accidente nuclear en la prefectura de Fukushima, a unos 240 kilómetros de Tokio. El impacto dañó tres de los seis reactores de la central Daichi, que había sido diseñada para un maremoto de 5,7 metros como máximo, y cuyo sistema de refrigeración falló debido a cortes en el suministro eléctrico.

La emergencia atómica no causó ninguna muerte de forma directa, pero sí forzó la evacuación de 80 mil personas en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, como consecuencia de las fusiones registradas en los reactores y las fugas de radiación que se han detectado en alimentos, agua, cultivos y ganadería. Muchos residentes se quedaron sin empleos y otros permanecen en refugios viviendo en la incertidumbre. "¿Cuándo podremos regresar?", se preguntan.

Takeshi Takahashi, jefe de la central, propiedad de la Tokyo Electric Power (Tepco), dijo recientemente que esta "funciona con un equipo improvisado" y que se mantiene "bastante frágil".

Desde diciembre último los reactores nucleares están parados en "frío" (el sistema de refrigeración está a presión atmosférica y el núcleo a una temperatura inferior a 100 grados centígrados) y se supone que no existan emanaciones de sustancias contaminantes, pero los residentes de Fukushima aún temen por los efectos de estas en su salud, sobre todo a largo plazo.

Ellos tienen criterios divergentes en cuanto a si Japón debiera continuar usando o no la energía atómica para generar electricidad. "Décadas atrás los habitantes de Fukushima construimos un cartel que decía: La energía atómica hará prosperar a nuestra ciudad. Ahora me doy cuenta de que las desventajas superan con creces las ventajas... He llegado a pensar que fue un error invitar a la central nuclear a que entrara en nuestras vidas", dijo un ciudadano de Futaba, a menos de 20 kilómetros de la planta.

"Abandonar las plantas nucleares equivale a repensar nuestro modo de vida", comentó en cambio Lina Ohara, de 33 años, que vive a unos 30 kilómetros de Fukushima. "Mis padres viven en Tokio y quieren que me vaya, pero mi marido trabaja aquí y, aunque estoy preocupada, hemos decidido quedarnos", dice Ohara.

"Sigo las noticias en la televisión a diario y compruebo los valores de radiactividad", explica esta mujer que tiene un niño de cinco años y una de tres, a quienes no permite salir a la calle para jugar. Sin embargo, recuerda que en Japón el 30 % de la energía proviene de sus más de 50 instalaciones nucleares.

En tanto, el Gobierno nipón se preocupa por paliar los perjuicios del fatídico 11 de marzo, calculados en 650 mil millones de dólares. En fecha reciente aprobó un anteproyecto de ley para financiar los trabajos que dirige la Oficina de Reconstrucción, constituida luego de la tragedia.

También promueve ejercicios a nivel local para que los japoneses sepan dónde resguardarse en caso de un tsunami. Llamaron a los centros de investigación científica a que trabajen en el perfeccionamiento de los sistemas de pronóstico antisísmico con que cuentan en el país, y a que evalúen los beneficios que les podrían brindar las energías renovables de acuerdo con su modelo económico.

Se trabaja en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas mientras se determinó limitar la vida útil de las centrales nucleares a 40 años, en aras de evitar una sobreexplotación de las mismas que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores y los habitantes en zonas aledañas a su ubicación.