Mayoritario en ese cuerpo armado, el SUP precisó que los agentes
se ven obligados a efectuar en esta región autónoma española,
controlada por el derechista Partido Popular, un desmesurado número
de arrestos de extranjeros por estancia ilegal, indicó PL.
De hecho, los días 9, 10, 12 y 13 de febrero hubo 370 detenidos
por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad, de
acuerdo con la revista mensual del sindicato Carné por puntos,
citada por el diario Público.
En su boletín, el SUP calificó de demoledoras estas cifras y
advirtió que para tener una perspectiva completa se precisarían
datos como a cuántas decenas de miles de personas se identificó esos
días, o cuántos de los detenidos por no tener papeles quedaron en
libertad.
Por su parte, la coalición Izquierda Unida quiere que el Congreso
de los Diputados (Cámara Baja) condene los controles de identidad
basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones
y el propio SUP, se producen en barrios con alta concentración de
inmigrantes.
Esta situación, apuntan, constituye una flagrante vulneración de
los derechos humanos y una criminalización de las personas por su
apariencia física.