El gobierno español analizará hoy aquí con las 17 comunidades autónomas el nuevo objetivo de déficit para este año y el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, advirtió Prensa Latina.

La administración central planteará este martes a esos territorios, en su mayoría gobernados por el oficialista Partido Popular (PP), un objetivo global de déficit del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De esa manera, el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy pretende cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal anunciada el pasado viernes, que fijó un déficit público del 5,8 por ciento del PIB en 2012.

Esta meta supone abandonar, al menos temporalmente, el objetivo de reducción del déficit comprometido con la Unión Europea (UE), establecido en 4,4 por ciento del PIB.

España cerró 2011 con una desviación presupuestaria de 8,51 por ciento del PIB, 2,5 puntos porcentuales por encima de lo pactado inicialmente con Bruselas (6,0 por ciento) por el anterior ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español.

En este nuevo escenario, serán las comunidades autónomas las que deberán hacer el mayor esfuerzo presupuestario, con recortes previstos para este año de 15 mil millones de euros, que ya provocaron quejas de algunos presidentes regionales.

Según datos del Banco de España, correspondientes al tercer trimestre de 2011, esos territorios, que tienen transferidas las competencias que afectan el ámbito social (educación y salud) tienen un déficit pendiente de 135 mil 151 millones de euros.

El gobierno español salió la víspera en bloque a tratar de cortar de raíz el intento de algunas autonomías de exigir la misma relajación en el objetivo de déficit, que el propio poder central se ha permitido respecto a las exigencias de la UE.

Andalucía y Cataluña ya exteriorizaron sus críticas, al entender que el Estado tiene que hacer un esfuerzo menor, a pesar de que las autonomías gestionan la mayor parte de los servicios esenciales.

Cataluña, que representa una quinta parte del PIB español, calificó de injusto forzar a las regiones a hacer frente a esa cuenta y demandó una meta más realista para los territorios del 1,7 por ciento, en lugar del 1,5 por ciento revisado.

No tiene sentido que el Gobierno central tenga más flexibilidad que las comunidades autónomas, salvo que la idea sea recortar los servicios públicos, expresó al periódico El País Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda en Andalucía.