A pesar de las críticas de sectores políticos, el gobierno
chileno dio hoy nuevas señales de mano dura e inflexible frente a la
movilización popular de la región de Aysén, advirtió Prensa Latina.
No solo volvió a condicionar una eventual negociación al cese
total de las protestas, sino que a través de dos ministros invocó la
posibilidad de aplicar a los manifestantes la cuestionada ley de
Seguridad del Estado, creada en dictadura para acallar el
descontento social.
Si no despejan las calles, tenemos que ejercer esa acción
judicial (Ley de Seguridad del Estado) y va a ser en contra de
quienes estén bloqueando las calles, afirmó el titular del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, en declaraciones a Radio Bío Bío.
Hinzpeter reiteró la determinación del Ejecutivo de no dialogar
con los ayseninos ni con dirigentes sociales que están cometiendo un
delito, dijo.
Admitió que la Ley de Seguridad del Estado es una normativa con
sanciones muy severas, pero consideró que al invocarla en el
contexto de lo que pasa en Aysén cumple con las obligaciones de su
cargo.
También el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aludió al uso de la
citada legislación porque de igual modo opinó se está delinquiendo.
La semana pasada dirigentes sociales acusaron a Mañalich de
utilizar el caso de un aysenino fallecido de muerte natural para
denostar al Movimiento Social de la zona, tras haber alegado que la
persona murió porque las barricadas y bloqueos de rutas impidieron
que una ambulancia llegara a tiempo a socorrerla.
Un hijo del fallecido desmintió a Mañalich y aseguró que su padre
murió como consecuencia de un cáncer en fase terminal.
El sufría de una cirrosis hepática, estaba en un proceso terminal
y cuando llamamos a urgencias, acotó, fue para informar que, al
parecer, había muerto y pedíamos que se acercaran para iniciar los
trámites que correspondían, aseveró.
Somos aiseninos, patagones y no responsabilizamos a nadie. El
Movimiento es justo para todos los aiseninos, mi viejo falleció
pensando lo mismo (…) Estaba feliz con su región movilizada",
declaró su hijo.
En opinión de sectores de la oposición chilena, La Moneda volvió
a equivocar el camino al asumir una postura inflexible y beligerante
en el conflicto de Aysén con el fin de complacer a la derecha más
dura de la coalición gobernante.