Cuba denunció este miércoles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) las violaciones permanentes de Estados Unidos a las normas y principios del derecho internacional.

Al hablar ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, la consejera cubana Nancy Madrigal afirmó que Washington continúa sin efectuar la más mínima acción para aplicar las resoluciones y recomendaciones de esa entidad, reporta Prensa Latina.

Un ejemplo es el mantenimiento de la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998, a pesar de que hace 10 años el OSD dictaminó su incompatibilidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y con el Convenio de París.

Denunció Madrigal que la Sección 211 atenta contra los derechos de los titulares de marcas cubanas y uno de sus propósitos es facilitar a la compañía Bacardí la venta fraudulenta e ilegal de un ron no producido en Cuba, bajo la denominación de Havana Club.

Al tiempo que transgrede las reglas de propiedad intelectual, Estados Unidos muestra su doble moral y su incongruencia legislativa con polémicos proyectos como la conocida Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) que propone estrictas sanciones contra la piratería digital.

En otra parte de su intervención recordó la funcionaria cubana que la recién concluida Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ratificó la ilegalidad de las transmisiones radiotelevisivas anticubanas realizadas por las autoridades estadounidenses mediante la utilización de aeronaves.

Sin embargo, Washington no las ha eliminado, a pesar de que causan una interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión cubanos.

Este es un claro patrón de transgresiones al derecho internacional en aplicación de su demencial política de bloqueo y hostilidad anticubana , señaló la consejera cubana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Añadió que Cuba continuará defendiendo todos sus atributos de soberanía y no dejará de exigir el cumplimiento por los Estados Unidos de sus obligaciones jurídicas como miembro de la OMC y de la comunidad internacional.

La declaración fue respaldada por Angola, Bolivia, Brasil, China, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.