GUATEMALA, 21 febrero.— Una sala de apelaciones ratificó hoy el
arresto domiciliario al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt,
medida dictada el 26 de enero por una jueza de mayor riesgo.
Ríos Montt compareció en aquella fecha a declarar en el juzgado
presidido por la magistrada Carol Patricia Flores en un proceso
iniciado contra él porque durante su régimen de facto (1982-1983) se
cometieron delitos de genocidio y contra deberes de la humanidad.
El exgeneral y sus abogados debieron asistir hoy a una audiencia
para solicitar acogerse a una amnistía promulgada en 1986 tanto para
guerrilleros como militares participantes en el conflicto armado
interno, finalizado una década después con la firma de la paz.
Sin embargo, esa vista fue pospuesta porque la Corte Suprema de
Justicia aceptó los argumentos de los defensores del ex jefe de
Estado sobre una supuesta parcialidad de Flores en el caso y designó
a un nuevo juez para seguirlo.
A Ríos Montt le exigen rendir cuentas sobre señalamientos por
delitos de lesa humanidad en su contra por las masacres perpetradas
por el Ejército en el área indígena Ixil, departamento de Quiché, y
la comunidad Plan de Sánchez, en Baja Verapaz.
El juzgado a cargo de varios casos similares contra exmilitares
de alto rango requirió la presencia de Ríos Montt al concluir el 14
de enero su periodo como diputado, mantenido desde 2000, y no
disfrutar ya de inmunidad.
Al exgeneral organizaciones humanitarias le imputan decenas de
masacres cometidas por el Ejército contra la población, sobre todo
la autóctona, cuando fungió como presidente.
Estas sucedieron como parte de los planes castrenses de tierra
arrasada contra la guerrilla y sus colaboradores aplicados durante
el enfrentamiento bélico interno (1960-1996).
El Ministerio Público ahora presentó su acusación y aseguró tener
pruebas contundentes sobre la responsabilidad del exdictador en al
menos 11 de aquellas matanzas, por lo cual pueden procesarlo por
delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Ríos Montt encabezó en 1982 un golpe de Estado contra Romeo Lucas
y al año siguiente fue derrocado por otra asonada protagonizada por
Oscar Mejía Víctores.
Este fue aprehendido a finales de 2011 para iniciarle juicio por
iguales delitos de lesa humanidad, pero posteriormente se suspendió
el caso al constar en exámenes médicos su incapacidad física y
mental para enfrentarlo.