NACIONES UNIDAS.— Dos sesiones en una semana y una evidente
manipulación de los procedimientos permitieron a los promotores de
un cambio de régimen en Siria sacar a flote una resolución de la
Asamblea General sobre la crisis en ese país árabe.
La adopción de ese texto tuvo lugar 12 días después de fracasar
un intento de las potencias occidentales y de un grupo de países
árabes para que el Consejo de Seguridad avalara una condena al
gobierno sirio y la salida del poder del presidente, Bashar al-Assad.
En aquella ocasión, la pretensión fue frenada por el doble veto
impuesto por Rusia y China en su condición de miembros permanentes
de ese órgano de 15 asientos.
No obstante, el actual presidente de la Asamblea General, Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, convocó para el lunes pasado a una sesión
dedicada al tema de los derechos humanos en Siria con la presencia
de la jefa de la agencia de la ONU sobre esa materia, Navi Pillay.
La reunión fue una puesta en escena: primero iba a votar un
proyecto de Arabia Saudita, lo cual fue desechado más tarde por la
delegación de Ryad, y luego se esgrimió la discusión de un informe
del Consejo de Derechos Humanos que no correspondía debatir en ese
momento.
Al respecto, el representante sirio, Bashar Jaafari, criticó al
titular de la Asamblea, quien hasta el año pasado fue embajador de
Catar en la ONU, un país que promueve la intervención militar en
Siria, por convocar a ese órgano en violación de los procedimientos
para buscar objetivos políticos.
Como presidente de ese cuerpo, Al Nasser no condenó los atentados
en Damasco y Aleppo, pero decidió citar a esta reunión porque quiere
proteger a los civiles sirios, apuntó el diplomático de Damasco.
No obstante, la sesión sirvió de tribuna para que la Alta
Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos lanzara una andanada de
acusaciones contra el gobierno de Al-Assad y lo acusara como único
responsable del conflicto.
En respuesta, Jaafari denunció a la funcionaria por atacar a
Siria sobre la base de reportes de fuentes imprecisas y no de
expertos legales o de funcionarios oficiales y la criticó por
mantener una posición negativa hacia el gobierno de Damasco.
Pillay habló de las trágicas condiciones que atraviesan los
sirios, pero no dijo cuáles son las razones ni mencionó las
sanciones unilaterales adoptadas contra Siria, apuntó el
representante del país árabe ante la ONU.
Cuatro días más tarde, Al Nasser llamó a otra y plenaria para
someter a votación un proyecto promovido por Estados Unidos, Francia
y Gran Bretaña y un grupo de países árabes que vuelve a señalar al
gobierno sirio como único responsable de la crisis.
La propuesta era similar a la rechazada por Rusia y China en el
Consejo de Seguridad, con algunos cambios de matices, pero con la
misma esencia: cargar contra Al-Assad.
Para conseguir ese objetivo, los promotores del documento
rechazaron varias enmiendas rusas que buscaban balancear el
contenido, según explicó el representante de Moscú en la ONU, Vitaly
Churkin.
Finalmente, la resolución fue aprobada por 137 votos a favor, 12
en contra (Rusia, China, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán,
Ecuador, Siria, Zimbabwe, República Popular Democrática de Corea,
Bielorrusia) y 17 abstenciones.
El embajador ruso consideró que el texto refleja las tendencias
que nos preocupan: intentar aislar a la dirigencia siria, negar
cualquier contacto con ella e imponer una fórmula de arreglo
político desde el exterior
Por su parte, y tras votar contra la resolución, el representante
permanente alterno de China, Wang Min, expresó el rechazo de Beijing
a una intervención armada y a los intentos de querer forzar un
cambio de régimen en Siria.
También repudió la aplicación de sanciones o la amenaza de ellas
y reclamó el respeto de la soberanía, independencia, unidad e
integridad territorial de ese país.
Asimismo, la clara postura de la Alianza Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) con respecto a Siria quedó
plasmada en los votos en contra emitidos por cinco de sus
integrantes: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Y en las declaraciones hechas ante el plenario por los
embajadores de Venezuela, Jorge Valero, y Bolivia, Rafael Archondo,
quienes recordaron lo ocurrido en Libia, donde una resolución del
Consejo de Seguridad abrió las puertas a los bombardeos de la OTAN y
a la caída del gobierno.