Egipto consideró este miércoles un derecho imponer la soberanía sobre su territorio, al justificar un proceso judicial por financiamiento externo a organizaciones no gubernamentales (ONG) que operaban sin licencias.

Durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno, el primer ministro Kamal Al-Ganzouri fue categórico al indicar que su país no se arrodillará ante nadie y superará la crisis por la que atraviesa en el delicado tránsito a la democracia, reporta Prensa Latina.

Las declaraciones del gobernante parecieron una respuesta a amenazas de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y de tres senadores sobre una ruptura o, cuando menos, enfriamiento de los lazos entre El Cairo y Washington por ese tema.

Clinton dijo estar profundamente preocupada por los hechos y requirió esclarecimiento a las autoridades egipcias, que este domingo anunciaron someterán a juicio a 43 activistas sociales, incluidos 19 estadounidenses, por financiar ONG que laboraban ilegalmente.

Este miércoles, los legisladores norteamericanos John McCain, Kelly Ayotte y Joseph Lieberman advirtieron que el riesgo de una desastrosa ruptura de los lazos ha sido raramente mayor.

De acuerdo con esos legisladores, las autoridades de El Cairo están exacerbando tensiones para hacer avanzar una agenda política estrecha , en referencia a la acusación de alentar disturbios que hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA).

Además de Al-Ganzouri, que abundó en datos sobre la presunta ilegalidad conque actuaron las organizaciones no gubernamentales dentro de Egipto, la ministra de Cooperación Internacional y Planificación, Fayza Abul-Naga, defendió la actuación del Estado.

La agencia oficial de noticias MENA citó a Abul-Naga restando trascendencia a las fricciones con Estados Unidos al aseverar que el caso de las ONG no amenaza nuestras relaciones con Washington, pero a la vez reivindicó el derecho soberano a proceder judicialmente.

Las averiguaciones en el caso del financiamiento externo de las ONG que operan sin una licencia están en los tribunales, y el Gobierno no interviene en las investigaciones, subrayó la Ministra.

Añadió que el tema no tiene que ver con restringir la acción de organizaciones de la sociedad civil, como denunciaron los afectados, Estados Unidos y la Unión Europea, sino con el derecho de Egipto a imponer su soberanía a quien trabaja en su territorio.

La Ministra reveló ante el parlamento que de marzo a junio de 2011 Estados Unidos gastó 175 millones de dólares en esas organizaciones no autorizadas en Egipto, y también se detectaron otras transferencias de fondos de organismos y gobiernos árabes a esas entidades ilegales.