La colusión de las principales cadenas farmacéuticas de Chile para subir las tarifas de más de 200 medicamentos sensibles continúa acaparando la atención de diversos sectores políticos y sociales.

El tema trascendió con fuerza a la opinión pública tras darse a conocer la semana pasada la decisión de un tribunal de libre competencia de imponer una multa de 38 millones de dólares a los emporios Salcobrand y Cruz Verde por pactar el alza de los precios de medicamentos destinados a enfermedades crónicas.

La confabulación involucró también a la transnacional Farmacias Ahumada (Fasa), pero esta pagó previamente una multa de un millón de dólares luego de reconocer su responsabilidad en el hecho, con lo que pudo librarse del pago mayor.

Aunque la connivencia para manipular los precios ha sido criticada por todo el espectro político, desde la oposición se ha llamado a que la justicia intervenga y determine las responsabilidades penales de los empresarios farmacéuticos, a los que se les atribuye un delito de asociación ilícita.

La colusión de las farmacias causó un daño irreparable y debe ser condenada no solo con penas pecuniarias, afirmó el excandidato presidencial de la izquierda chilena Jorge Arrate.

¿A cuántos enfermos se privó de un determinado medicamento por la vía de inflar sus precios para aumentar las utilidades de los dueños de las farmacias?, se preguntó Arrate, quien instó a condenar las prácticas que convierten la salud en Chile en un negocio, en una mercancía.

Según el reconocido escritor, abogado y político chileno, el país debe avanzar hacia un sistema público de salud digno y gratuito. Parejamente, añade, urge regular el comercio privado de medicamentos a través de una cadena nacional de farmacias públicas con políticas de precios más justas.