Con el desafío de adoptar políticas comunes y encontrar soluciones integrales a los problemas ecológicos en la región, concluirán este viernes en la ciudad de Quito los debates de ministros de ambiente de América Latina y el Caribe.

La capital ecuatoriana acogió durante tres días la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y el primer encuentro de titulares de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reporta Prensa Latina.

Ambas citas de alto nivel llegarán a su fin luego de discusiones entre 32 ministros de países del subcontinente, cuyos análisis serán recogidos este viernes en la Declaración de Quito.

Los delegados analizaron los documentos que serán presentados la próxima semana en Caracas a los presidentes de las naciones miembros de la Celac, para que se evalúe una posición conjunta con vista a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río+20, programada para junio próximo en Brasil.

Tales discusiones giraron en esta ciudad en torno a la necesidad de adoptar políticas medioambientales colegiadas para frenar el impacto del cambio climático, la inequidad del desarrollo entre países y dentro de éstos, a partir de una agenda medioambiental compartida.

Los delegados coincidieron en la necesidad de establecer estrategias consensuadas para la convivencia en armonía con la naturaleza y la protección ante del impacto de las catástrofes naturales y del accionar depredador del hombre.

El foro promovió el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, la solidaridad intergeneracional y la inclusión económica y social, respetando la diversidad cultural y social de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, señaló la urgencia de impulsar los proyectos medioambientales y reducir al ínfimo la contaminación del planeta, en el que ya se avizora, por ejemplo, que de subir el nivel del mar al menos 31 naciones latinoamericanas podrían desaparecer.

Patiño llamó a exigir a los países desarrollados cumplir su compromiso de aportar para reparar el daño medioambiental e instó a Latinoamérica y el Caribe a diseñar un nuevo de modelo, en el que los derechos de la naturaleza y del agua como bien público puedan marcar un hito para la humanidad.

Cuestionó cómo en el mundo no se ha creado, o al menos propuesto, un tribunal internacional de justicia ambiental para velar por el cuidado del planeta, ante la indiferencia de las potencias.