LISANDRA FARIÑAS ACOSTA

Nuestro país ha impulsado numerosas políticas de beneficio a la mujer, en aras de garantizar su inserción y desarrollo en el espacio público.

La realidad habla por sí misma. Hoy las mujeres cubanas constituyen el 66 % de la fuerza técnica y profesional de los niveles medio y superior del país; y son alrededor del 72 % de la masa laboral en el sector educacional, el 67 % en la salud, el 43 % en el científico y el 21 % en la industria azucarera.

Además, es notable el aumento de las que ocupan cargos de dirección en todos los niveles, lo cual demuestra la creciente inserción de estas en la vida política del país, y en los puestos de decisión.

De igual forma, ha sido una prioridad del Gobierno y Estado cubanos —materializada en las políticas y programas del Ministerio de Salud Pública—, la atención a la mujer embarazada y a todo el proceso de maternidad en general (embarazo, parto y puerperio), lo que permite hoy mostrar índices de mortalidad infantil similares a los de naciones del primer mundo.

En este sentido, y partiendo de la complejidad y responsabilidad de los roles materno y paterno en el desarrollo funcional de la familia, también se han puesto en práctica, con la participación activa de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), programas para incentivar la responsabilidad compartida de los padres durante y después de la gestación.

Sin embargo, nuestra sociedad no escapa a la influencia de un modelo de familia patriarcal que, históricamente, ha colocado a las madres como las encargadas del cuidado y educación de los hijos, y relega a los padres el rol de proveedores o sustento económico, unido al de autoridad o cabeza de familia.

De ahí que, medidas tan revolucionarias como el Decreto-Ley 234 de la Maternidad de la Trabajadora (2003), con su resolución complementaria número 22/2003 —que otorga iguales derechos a los padres cubanos para obtener una licencia laboral y quedarse al cuidado de los hijos durante el primer año de vida—, encuentren aún prejuicios, estereotipos y resistencias en la sociedad cubana, lo cual es resultado de la sedimentación de prácticas socioculturales en su mayoría machistas.

Según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde el año 2006, hasta septiembre del 2011, apenas 96 padres se habían acogido al disfrute de la prestación social en todo el país, para el cuidado de los hijos; cifra insuficiente a juzgar por los ocho años que lleva vigente el Decreto-Ley. Muchos de estos, además, lo han hecho como consecuencia de situaciones excepcionales (muerte o enfermedad de la madre).

Se obvian así, por parte de la pareja, las ventajas de dicha norma jurídica, que le posibilita tanto a la madre como al padre sopesar a quién le conviene más continuar trabajando, tanto por factores profesionales como económicos.

Dignificar la paternidad

Sin duda, el Decreto-Ley 234, además de brindar protección a la mujer trabajadora inmersa en el proceso de maternidad, pretende redimensionar el rol de la figura paterna, pues coloca la responsabilidad compartida como centro de las relaciones paterno-filiales.

Según se dice en el artículo 16: "Una vez concluida la licencia postnatal, así como la etapa de lactancia materna que debe garantizarse para propiciar el mejor de-sarrollo de niños y niñas, la madre y el padre pueden decidir cuál de ellos cuidará al hijo o hija, la forma en que se distribuirán dicha responsabilidad hasta el primer año de vida y quién devengará la prestación social..."

Explicó a Granma Yadira Castro, especialista en aspectos jurídicos de la esfera de trabajo comunitario de la FMC, que en la aprobación de esta ley jugó un papel fundamental la Federación como organización que tiene iniciativa legislativa para proponer leyes atemperadas a la realidad en cuanto a la mujer y la familia se refiere.

"Es la primera legislación que incluye el lenguaje de género, y donde se establece una equidad entre hombres y mujeres, en el cuidado y atención de los menores de edad; es un reflejo de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual Cuba es signataria", señaló.

Maritza Rodríguez Lara, funcionaria de la esfera de trabajo comunitario en los programas de salud de la FMC, opinó que al priorizar y concebir a la mujer como el centro del proceso de embarazo, se minimizó la participación del hombre.

"La puesta en vigor de este Decreto-Ley supone un vuelco a esa realidad, aunque no pueden desconocerse las trabas, fundamentalmente subjetivas, que enfrenta la nueva legislación, tanto entre los hombres como en las propias mujeres. Ambos progenitores son en la sociedad cubana actual reproductores de los modelos de cómo ‘ser mujer’ u ‘hombre’, aprendidos de generación en generación."

Refiere Rodríguez Lara que "este problema cultural parte de las mismas concepciones con que se educan a los hijos desde que nacen, y reproducen patrones y roles dentro de la familia.

"Ha sido una condición histórica que a la mujer, una vez llegue a su edad reproductiva, se le exija socialmente por la maternidad, sin respetar que la decisión de tener un hijo es un proyecto de la pareja. Desde que la niña juega, lo hace con muñecas. Es la que las carga y juega a alimentarlas; son educadas para ese rol. Sobre esta base la sociedad constantemente las está midiendo."

El machismo no es, entonces, un comportamiento exclusivo de los hombres, sino que en su arraigo social tenemos alta responsabilidad las mujeres. Tales concepciones encuentran su punto clímax ante el proceso de la maternidad, donde se da por sentado "lo que le toca a cada miembro de la pareja".

"Las mujeres también tenemos miedo a cargar y atender al bebé, y aprendemos. También nos agotamos, y pocas veces se nos pregunta. Se presupone que somos nosotras las que sabemos y nos debemos hacer cargo de esas tareas", explica Rodríguez Lara.

Asimismo, como reflejo de la presión social a que son sometidas: "las propias mujeres queremos mantener el poder sobre el momento de la maternidad, y somos las culpables en ocasiones de que los hombres no participen realmente del proceso".

Maternidad y Paternidad Conscientes

Desde los primeros años de instituida la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), constituyó una preocupación de la organización la atención a la mujer embarazada; con especial énfasis en la incorporación del hombre y la familia a este proceso.

Expone Rodríguez Lara que diferentes estrategias fueron trazadas para la capacitación de las mujeres, en cuanto a los riesgos reproductivos antes de la concepción propia del embarazo. En ese sentido, se trabajó de conjunto con el Ministerio de Salud Pública en el programa de Maternidad y Paternidad Conscientes, cuyo objetivo era involucrar al hombre en este proceso.

Otra de las acciones emprendidas —explicó— fue la recuperación de las consultas de psicoprofilaxis de la embarazada, dentro de la comunidad, que proporcionan conocimientos a ambos padres sobre la evolución del embarazo y qué hacer para garantizar un parto más saludable.

No obstante, apunta Rodríguez Lara, "si bien trabajamos de conjunto la FMC, el MINSAP y el Centro Nacional de Educación Sexual en la realización de talleres, y todas las provincias fueron capacitadas, no puedo decir que este proceso se generalizó".

Otra de las aristas del programa, estaba dirigida al acompañamiento de la mujer durante el parto, ya fuera por la pareja u otro familiar, siempre y cuando hayan sido preparados con anterioridad. Para ello, además de la capacitación, se aprobó una Resolución del Ministro de Salud Pública, todavía vigente.

Está demostrado —argumentó— que la participación de la pareja en el parto disminuye el índice de cesárea y la cantidad de maniobras que hay que hacer con instrumentación, pues se hace más natural.

Todos estos cambios y propuestas, redundaron en la creación del programa Maternidad y Paternidad Responsables, que mantiene la esencia del primer programa, e incorpora como elemento esencial la atención primaria en el sistema de salud, a través del médico y enfermera de la familia; y el apoyo de la FMC.

"Estas acciones son el antecedente de lo que la Federación ha estado reclamando y el Decreto-Ley 234 es la materialización de ello", señaló Rodríguez Lara.

Redimensionar el rol paterno en nuestra sociedad, de modo que el concepto de ayuda a la mujer durante el proceso del embarazo sea sustituido por el de compartir responsabilidades, más que necesidad, es una obligación.