IVETTE FERNÁNDEZ, SHEYLA DELGADO, y YUDY CASTRO
yudy@granma.cip.cu

Dentro del trabajo por cuenta propia, los llamados carretilleros han venido a engrosar la lista de formas de comercialización de los productos agrícolas. Su desempeño favorece a quien prefiere no moverse de casa para adquirir determinado alimento o a quien vive a una distancia considerable del mercado más cercano y esté dispuesto a pagar un precio mayor.

La escasez de productos agropecuarios suele asociarse al ejercicio del carretillero, figura aprobada para el trabajo por cuenta propia.	Aumentar la producción y diversificar la comercialización apuntan a ser las soluciones de la controversia mercado-carretillas.

En los últimos tiempos, nuestro diario ha recibido múltiples opiniones que asocian esta figura al desabastecimiento de los mercados agropecuarios estatales y al encarecimiento de los productos comercializados bajo esta fórmula ambulante, redundando en un deterioro de la capacidad de compra de la familia.

Aunque es innegable que esta actividad, como otras, precisa de un seguimiento, control y de los ajustes pertinentes, acordes con las situaciones que la realidad vaya presentando, también es necesario balancear con justeza las causas de las tarimas vacías.

"EL AGRO SE MUDA"

Al cierre de noviembre, eran más de 16 000 los carretilleros o vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria en el territorio nacional y constituía la quinta actividad con mayor número de trabajadores por cuenta propia, según datos del Minister

io de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dados a conocer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. De este total, en La Habana se concentraba, al final del mismo mes, casi el 20 %, con poco más de 3 200 carretilleros inscritos, sin contar los ilegales, que no son pocos.

La experiencia del devenido “mercado mayorista de abasto” alerta sobre la necesidad de buscar nuevas fórmulas para la comercialización.	En la capital los carretilleros tienen marcadas las vías por las que deben transitar y no pueden estacionarse indefinidamente en un mismo lugar.

El crecimiento vertiginoso de esta nueva figura, unido a la ausencia de un mercado mayorista que la abastezca, ha impactado en las otras formas de comercialización de productos agrícolas, lo que se constata tanto en los mercados agropecuarios estatales (MAE) como en los de oferta y demanda (MAOD). Estos últimos experimentan en la capital una reducción del número de vendedores, donde determinada cantidad de estas personas ha preferido la carretilla a la tarima porque así pagan menos impuestos.

Por otra parte, actualmente en La Habana se recauda menos por concepto de ventas en mercados agropecuarios estatales, lo que claramente se traduce en menor cantidad de productos vendidos en estos centros. Al cierre de noviembre, de un pronóstico cercano a los 27 millones, se vendieron aproximadamente 17, según declaraciones de Jorge García Trujillo, director de la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios.

¿Pero puede pensarse que tales descensos se deban exclusivamente a la actividad de los carretilleros?

Solo en el mes de diciembre los mercados capitalinos recibieron poco más de la mitad de los volúmenes de productos agropecuarios contratados. El incumplimiento de las entregas pactadas por parte de las bases productivas es motivo reiterado del desabastecimiento.

La comercialización de productos agrícolas es un tema crítico del que mucho se ha hablado y en el que poco se ha avanzado, pues además de su innegable complejidad, en ella han confluido las voluntades de quienes ansían resolverla en beneficio de la población, y de quienes se aprovechan de sus debilidades.

Es por ello que, a partir de incluirse entre los lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido, la Comisión Permanente de Implementación trabaja actualmente en este tema, con el fin también de estimular la producción, según la información ofrecida durante la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular por Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de dicha Comisión.

¿Cómo funciona hoy, a grandes rasgos? De la producción total planificada hay una parte (21 productos específicos), que se contrata para la distribución a los MAE, el consumo social, entre otros destinos, y existen otros productos fuera de esta veintena que —junto al excedente de los contratados— puede venderse libremente.

Lo anterior se corresponde con el Decreto 191 de 1994, que establece que los productores, una vez cumplida la entrega pactada en las relaciones contractuales con las empresas agropecuarias, pueden vender su mercancía por libre disposición.

De todas estas modalidades se nutren los carretilleros, que como el resto de los trabajadores por cuenta propia deben recurrir al mercado minorista para obtener lo que precisan en el ejercicio de su actividad, en tanto no existan posibilidades en el país de garantizar un mercado mayorista.

Así lo ratificó la abogada Teresa Suárez Rey, especialista de comercialización del Ministerio de la Agricultura, quien explicó a Granma que la inexistencia de un mercado mayorista lleva a los carretilleros, elaboradores-vendedores de alimentos y otros, a acceder a tres vías de aprovisionamiento esenciales, conformes con la legalidad: la adquisición de los productos agrícolas en los MAE como el resto de la población, en los MAOD, o directamente en las unidades productoras donde pueden acordar con los campesinos que le vendan el excedente de la producción contratada o parte de la no contratada para proveerse de las mercancías a comercializar luego y, lógicamente, a otros precios.

Y como es de suponer, a "río revuelto, ganancia de pescadores", también se desarrolla el lucro de ciertos intermediarios, que se aprovechan de la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes.

El carretillero es una de las figuras legalmente aprobadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia como modalidad de empleo y no un revendedor. Sí le imprime un valor agregado a la mercancía que vende —el acercarla lo más posible al consumidor—,

y por ello cobra. La mayoría además la beneficia, limpiándola y escogiéndola. Son trabajadores también que, en relación con los ingresos que obtienen, pagan su tributo al fisco.

Es cierto que una desproporción entre esta alternativa y la de los MAE —donde se trata de precios límites máximos— incide negativamente en el poder adquisitivo de quienes no siempre pueden comprar los alimentos "del agro" a precios de oferta y demanda; pero, para lograr esto, más que limitar el ejercicio de esta actividad, debe crecer la producción, que esta sea capaz de satisfacer la demanda y proveer, de forma suficiente, a todas las formas de comercialización.

Una simple cuenta nos demuestra que la raíz de este problema es de índole productiva. Supongamos que un solo carretillero compre y luego venda 200 kilogramos diarios con similar clasificación (según el promedio estimado a partir de nuestras entrevistas); eso, multiplicado por los más de 3 200 que hay en La Habana, daría aproximadamente 640 000 kilogramos vendidos de form

a ambulante; o sea, apenas 640 toneladas, lo cual está muy por debajo de las más de 3 000 diarias que necesita la ciudad.

La solución no es cerrar espacios a fórmulas de comercialización que se diversifican, sino crear las condiciones para que coexistan todas aquellas capaces de garantizar un suministro estable de productos, a precios accesibles para cada sector poblacional.

LOS ÁNGULOS DE LA ILEGALIDAD

A pesar del incumplimiento de los contratos, es lógico cuestionarse la ausencia de diversos productos en los MAE que, a su vez, se venden en los mercados de oferta y demanda y por los vendedores ambulantes a precios mayores. ¿Supuestamente estas formas de comercialización no debían ser abastecidas luego de cumplir la producción contratada con los mercados agropecuarios estatales?

José Puentes Nápoles, director de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, ratificó que las causas principales del desabastecimiento de los mercados agropecuarios estatales tienen su origen en el incumplimiento de los planes productivos y en el irrespeto a los contratos, pues al no cumplirse con la entrega de la producción contratada —de la cual se destina una parte para el suministro a estos mercados— la distribución de los volúmenes y genéricos correspondientes se ve afectada.

Es decir, puede que los productos existan, pero en lugar de ser entregados a los MAE como se pactó, se desvíen hacia los destinos de oferta y demanda, alegando incumplimientos.

Aun cuando se prevé subsanar las deficiencias inherentes a las violaciones contractuales con la entrada en vigor de las Políticas y procedimientos de la contratación de productos agropecuarios y forestales 2012, las autoridades del MINAG y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) tienen que ser más enérgicas al exigir que se cumpla lo pactado.

La violación del contrato no debe "castigarse" con una multa irrisoria, sino con medidas verdaderamente aleccionadoras. Por ejemplo, ¿se arriesgaría un campesino a perder su tierra por obtener un poco más de ganancias a costa de la ilegalidad? Asimismo, los contratos deben ser más individualizados, en función de las potencialidades reales de cada productor.

Ahora, no menos cierto es que en una cadena de ilegalidades, tanta culpa tiene quien la comete como quien se sirve de ella; por lo que si un productor o comercializador desvía parte de una producción comprometida en beneficio de un carretillero, este es tan responsable de lo mal hecho como el primero.

Aunque veladas, se conoce que una y otra vez se incurre en estas prácticas ilícitas. No pocos camioneros y tarimeros —de previo acuerdo— les suministran de manera ilegal a estos trabajadores por cuenta propia y a los que ejercen de manera ilícita, parte de los productos que debían venderse en los mercados estatales.

Es cierto que en todos los casos, el chofer posee una factura con los lugares de origen y entrega, la carga, la cantidad, pero aun así la mercancía no siempre llega a su destino.

En tanto, muchos administradores de los MAE se hacen de la "vista gorda" y permiten que se desvíen no solo disímiles producciones, sino el respeto a la legalidad; y hay otros que limitan las ventas, lo cual también es una violación y atenta contra otras figuras del trabajo por cuenta propia como los elaboradores-vendedores de alimentos, que precisan de la adquisición de alimentos en cantidades medianas.

Corresponde a los Consejos de Administración provinciales y municipales —como máximos responsables de velar por esta actividad— hacer cumplir la ley, regular debidamente el otorgamiento de licencias, sancionar a quienes dejan desprovistos a los mercados estatales para abastecer a otros comercializadores y proteger a los consumidores.

No se trata de una batalla contra los carretilleros, quienes ofrecen un servicio realmente demandado por muchas personas que prefieren les acerquen las ofertas agrícolas a sus residencias o centros de trabajo, sino de un llamado a las autoridades pertinentes para ser más enérgicos contra las ilegalidades, aunque es responsabilidad personal de los implicados ejercer la actividad dentro de los marcos de la ley.

DE VUELTA SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN

Con vistas a resolver esta situación, urge incrementar y diversificar, ante todo, la producción. A cerrarle brechas a la ilegalidad contribuirá también la conformación de un mercado mayorista que abastezca a los vendedores ambulantes, buena parte de los cuales —ante esta carencia— concurren al espontáneamente devenido "mercado mayorista de abasto", ubicado en la intersección de la Autopista Nacional y la avenida 114, en el capitalino municipio de Marianao.

Allí, este diario constató la presencia de varias decenas de camiones procedentes de diversas provincias comercializando sus productos con cualquier cliente, y conoció en voz de varios productores-comercializadores por qué les resulta más provechoso vender directamente allí: mejores precios y la recepción directa del dinero, sin trámites burocráticos. Ese "mercado mayorista de abasto" se autorganizó y autorreguló.

Esta experiencia alerta sobre la necesidad de aplicar nuevas fórmulas de gestión que logren erradicar la ineficacia de algunos mecanismos estatales en cuanto a la comercialización, en lo que ya trabaja, como se mencionó, la Comisión de Implementación, específicamente en lo referente a La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Por otra parte, cerrar el cerco a las ilegalidades y mantener informados a los vendedores ambulantes sobre las medidas que se tomen en lo que atañe a su quehacer, mucho puede contribuir a ordenar esta actividad.

Con ese objetivo, en la capital se le ha dado seguimiento particular a esta actividad, y fueron visitados los más de 3 000 carretilleros inscritos como tales, a quienes se les orientaron, entre otras cuestiones, las vías por las cuales deben transitar (para evitar desorden en arterias principales), así como la prohibición de vender chícharos, arroz y papa.

Además, se ha constatado que varias carretillas, inaceptablemente, poseen ruedas de los depósitos de basura.

Eduardo Tomé, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, asegura que en la organización de este ejercicio todavía hay mucho que ganar. Por ello, opina, es perentorio que los trabajadores tomen conciencia de que su actividad consiste en acercarles los productos a las personas en sus casas. No se estacionarán cerca de mercados agropecuarios ni indefinidamente en un punto fijo de la ciudad.