YUDY CASTRO MORALES
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La retorcida intención de adquirir dinero fácil, sin reparar en perjuicios económicos y sociales, corroe a los hombres y los conduce por caminos muy desacertados. Precisamente por esos trillos que vulneran la legalidad decidió transitar un delincuente, cuando violentó uno de los teléfonos públicos ubicados en el municipio capitalino de Playa.

Y lo más lamentable es que la fechoría, lejos de aflorar como excepción dentro de nuestro panorama social, forma parte de los 206 hechos de esta índole perpetrados durante el 2011.

Según datos suministrados por ETECSA, tales actos ilícitos, caracterizados fundamentalmente por el robo de cápsulas, así como la sustracción de microteléfonos y la fractura de los mismos, perjudicaron 260 servicios y las pérdidas económicas ascendieron a más de 22 mil dólares. La provincia de Santiago de Cuba mostró la mayor ocurrencia de hechos; le siguieron Villa Clara y La Habana con cifras también elevadas.

No obstante, degrada más el costo social y el resquebrajamiento de quienes pretenden delinquir como modo de vida. En Cuba, donde la densidad telefónica es baja, los servicios públicos resultan imprescindibles. De ahí la severidad con que debe caer el peso de la ley sobre los infractores.

Con el objetivo de incrementar de modo ilícito su patrimonio, el vándalo decidió apropiarse de un teléfono público situado en una de las céntricas avenidas del municipio de Playa. La madrugada del día 22 de junio del 2011 le resultó propicia.

Acaso el malhechor imaginó una fortuna y con singular desenfado desmontó el equipo de la placa metálica que lo sujetaba a la pared del lugar. Golpeando desmesuradamente su estructura, logró acceder a su caja recaudadora, la misma que debió deformar para adjudicarse el contenido.

Apenas 18 pesos en moneda nacional contenía el teléfono. Cifra irrisoria comparada con los más de 1 000 dólares que cuesta uno de esos equipos en el mercado internacional. Mucho menos podría equipararse con el sensible daño propinado a ese bien público y al esfuerzo emprendido por el país para desarrollar las telecomunicaciones, y en especial los servicios a la comunidad.

No contempló la posibilidad de ser descubierto. Colocó el teléfono en una carretilla, lo cubrió con un cartón para evitar sospechas y partió con su carga sin muchos contratiempos. Fue entonces cuando la mirada inquisidora del agente del orden público Yudelis Leyva echó abajo los planes del malandrín.

Rápidamente el policía recibió el apoyo de otros dos oficiales del MININT que cumplían su servicio de vigilancia y patrullaje y trasladaron al ciudadano a la estación de la PNR.

Aunque el comisor del hecho, de solo 22 años de edad, negó su culpabilidad, la tenencia del equipo y las escasas monedas, unido a las huellas de olor, resultaron pruebas irrefutables.

Tampoco le sirvió de mucho la opinión de sus vecinos quienes se cuestionaban cómo lograba vivir por encima de sus posibilidades económicas, sin mantener ningún vínculo laboral. Además, haber sido procesado en dos oportunidades por desacato y en una ocasión por lesiones, arroja mayores luces sobre su deformada conducta.