En un informe específico, la Cancillería rusa retoma este martes la críticas a la difícil situación de derechos humanos de los retenidos en la ilegal base naval en la Bahía de Guantánamo, en el oriente cubano.

El documento recuerda que de 779 personas que fueron mantenidas en esa instalación, sin derecho a juicio ni apelaciones, fueron liberadas 600, ocho murieron allí, seis fueron condenadas por comisiones militares y 171 aún permanecen recluidas, reporta Prensa Latina.

La nota del Ministerio ruso del Exterior destaca que el vacío legal creado en la citada instalación estadounidense carece de precedentes en la historia moderna y constituye un indicador de situaciones similares en otras regiones como ocurre en Afganistán.

El texto señala que en las prisiones de las tropas del Pentágono en aquel país asiático se mantienen encerradas unas tres mil personas en condiciones muy similares, a las de la base en territorio cubano usurpado, como confirmación de la violación flagrante del derecho internacional por Washington.

Además, el informe critica al presidente estadounidense, Barack Obama, quien firmó el pasado 31 de diciembre el Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que permite a militares detener de forma indefinida a personas sin acusación ni derecho a juicio.

La Unión Americana de Derechos Humanos (Aclu) fustigó a Obama por tal decisión. El director ejecutivo de esa organización, Anthony Romero, consideró que Obama pasará a la historia como el mandatario estadounidense que firmó el acta de detenciones indefinidas.

El ministerio ruso señala que es muy peligrosa la disposición, pues carece de límites geográficos y de tiempo para efectuar los arrestos y puede ser empleada en el futuro por los presidentes para que militares continúen con esa práctica más allá del campo de batalla.

Obama había prometido que una de sus primeras decisiones al llegar a la Casa Blanca sería cerrar la referida cárcel, pero, aunque no está en desventaja en el Congreso, sucumbe a las demandas republicanas de mantener a los recluidos, destaca el texto oficial.

El acta regula procedimientos para los militares sobre el cierre de la cárcel y por el otro traba el financiamiento del mencionado proceso y dicta restricciones a la transferencia de los detenidos a terceros países, que ahora debe ser autorizada por el Congreso, destaca.

Un extenso informe, emitido el pasado 29 de diciembre, sobre la situación en Estados Unidos, algunos países occidentales, así como sobre la agresión a Libia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ya describía violaciones de derechos humanos en el país norteño.